Documento presentado en la Cumbre sobre la Deuda Social y la Integración de Latinoamérica. Caracas, Venezuela. Julio del 2001.

                        La visión de América Latina como una sola nación, como un solo pueblo, lograr que constituya una unidad, próspera, generosa con sus hijos, solidaria con los demás, ha sido aspiración colectiva y objetivo de las grandes gestas desde que se iniciaran las luchas por la independencia, por romper las cadenas coloniales, en los albores del siglo XIX

Simón Bolívar, José Ma. Morelos, José Martí, entre muchos otros, se entregaron a las causas de la independencia de sus pueblos, viendo a éstos como parte de la patria grande, con raíces y culturas comunes, con una rica y enriquecedora composición multiétnica, con una gran diversidad de recursos y potencialidades.

Frente a esta visión de una gran nación latinoamericana, a la que en forma aun incipiente han venido contribuyendo varios proyectos integradores, más en el sur que en el norte de la región, se contrapone, con proyección continental y en proceso de ejecución, la constitución del Área de libre comercio de las Américas (ALCA), proyecto de integración que se inscribe en los propósitos hegemónicos de los grandes consorcios financiero-políticos de los Estados Unidos y que se desenvuelve en los marcos de la propuesta que lanzara el presidente Bush (padre) a principios de la década de los 90, con la denominación de Iniciativa de la Empresa de las Américas.

Esta iniciativa planteó la creación de un área de libre comercio que abarcara todo el continente, que se fuera formando mediante la suscripción de acuerdos entre los Estados Unidos y cada uno de los demás países americanos, en los tiempos, con los ritmos y obedeciendo a los intereses del más fuerte: los Estados Unidos, la potencia económica y militar dominante en el mundo y obviamente, en nuestro continente.

Hoy se quiere ir más de prisa y Estados Unidos impulsa la creación del Área de libre comercio de las Américas (ALCA), dejando atrás los temores de una negociación en conjunto, pues tiene la certeza que son pocos, casi ninguno, los gobiernos latinoamericanos y del Caribe que tienen capacidad o voluntad para oponerse, adoptando posiciones de un desarrollo con autonomía y defendiendo los intereses fundamentales de los pueblos, que pudieran traducirse en mejor educación, salud, trabajo, salarios dignos, respeto a los derechos de la gente, acceso a la cultura.

Es así, entonces, que el proceso de integración de los países americanos se mueve en dos ejes, uno, el de una integración en base a decisiones autónomas de las naciones del continente, que ha avanzado muy lentamente, entre otras razones, por el permanente freno que han representado las presiones para disgregar y las pretensiones de dominación directa y abierta de los Estados Unidos, en estas últimas décadas principalmente para la adopción de esquemas económicos y en el alineamiento político de los gobiernos acordes con las definiciones de los consensos de Washington; y el otro, que se presenta como el proyecto para la formación del Área de libre comercio de las Américas, con varias derivaciones en planes y proyectos regionales y nacionales.
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Un primer paso muy importante, que da base a la integración a partir de decisiones soberanas de los países latinoamericanos y del Caribe, es la adhesión a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que tiene su origen en la Unión Panamericana, En esta carta se establece que los Estados miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del continente es uno de los objetivos del sistema interamericano y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzos y tomarán las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, con miras al logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano.

En 1969 Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), con el objetivo de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común. A este acuerdo se sumó Venezuela en 1973 y en el 76 Chile se retiro de él.

En el Tratado de Montevideo 1980, mediante el cual se crea la Asociación latinoamericana de integración (ALADI), planteada como una vía para renovar el proceso de integración latinoamericano, se fija como objetivo a largo plazo, el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano. Se precisa además, que los países miembros desarrollarán vínculos de solidaridad y cooperación con otras áreas de integración fuera de América Latina, en ejecución de los principios y compromisos asumidos en el contexto de la Declaración y Plan de acción para la obtención de un Nuevo orden económico internacional y de la Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados.

Esta carta es, sin duda, uno de los documentos más importantes en el reconocimiento a la soberanía de los Estados y a la necesidad de una cooperación internacional solidaria, que resulte en un desarrollo justo y equitativo para todas las naciones, que de llevarse a la práctica daría base a procesos sólidos de integración económica y política de carácter regional, en condiciones de equidad y con sentido democrático y de justicia.

La Carta de derechos y deberes económicos, vale recordarlo, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas con 120 votos a favor, 6 en contra (Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Luxemburgo, República Federal Alemana y Reino Unido) y 10 abstenciones (Austria, Canadá, España, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón y Noruega). La división del mundo que se marcó con esa votación, entre países ricos y hegemónicos y países rezagados y dependientes, se mantiene.

La carta plantea, entre sus compromisos y objetivos principales, la renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía política de los Estados; la abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia; la eliminación de los principales obstáculos al progreso económico y la aceleración del crecimiento de los países en desarrollo,  con miras a eliminar la brecha entre países en desarrollo y países desarrollados.

En 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conforman el Mercado común del sur (Mercosur), un pacto principalmente del ámbito comercial, que sin embargo en su texto se considera a si mismo como un importante avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo 1980.

En el aspecto político, los esfuerzos de integración latinoamericanos han ido más lentos que en el área económico-comercial. Un paso importante, sin duda, fue la creación, en 1987, del Parlamento Latinoamericano, que puede considerarse aun en estado de gestación. Entre los propósitos de esta institución se cuentan fomentar el desarrollo económico y social integral de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance, a la brevedad posible, la plena integración económica, política y cultural de sus pueblos; oponerse a la acción imperialista, recomendando la adecuada legislación normativa y programática que permita a los pueblos latinoamericanos el pleno ejercicio de su soberanía permanente sobre sus recursos naturales, y su mejor utilización y conservación; luchar por el desarme mundial; y canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina en la lucha por la instauración de un Nuevo orden económico internacional.

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El proyecto de integración que se impulsa bajo la hegemonía norteamericana, el del Área de libre comercio de las Américas, está acompañado, como partes del mismo, por el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, el Plan Puebla-Panamá y la norteamericanización de la política energética, concepto éste con el que se buscan esconder las pretensiones de supeditación de esta política sectorial al particular interés de los Estados Unidos.

El ALCA tiene como antecedentes directos las negociaciones y después la suscripción de los acuerdos de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos y de Canadá, México y Estados Unidos (Tratado de libre comercio de América del Norte-TLCAN). Esos fueron los primeros pasos. En los textos de estos acuerdos relativos a la supresión de barreras comerciales, a las inversiones, el manejo de las controversias, la aplicación de normas ambientales y sus repercusiones en el cumplimiento del acuerdo, las restricciones a la movilidad y libre tránsito laboral, es muy claro el predominio de los intereses estadounidenses y la inequidad que se tiene para su aplicación.

En diciembre de 1994, los jefes de Estado de los países americanos suscribieron el Pacto para el desarrollo y la prosperidad: democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas y como parte de éste, se comprometieron a promover la configuración del área de libre comercio de las Américas (ALCA), iniciándose las negociaciones para llegar a la suscripción de un Acuerdo de libre comercio de las Américas. En abril de 1998, en la Declaración ministerial de San José, se resolvió que las negociaciones para conformar al continente americano como un área de libre comercio debían concluir a más tardar en el año 2005. En la actualidad los Estados Unidos presionan para que el ALCA adelante su constitución al 2003.

Entre los proyectos nacionales que se desprenden del proceso de integración que conducen los Estados Unidos, se encuentra el Plan Colombia, que fue inicialmente presentado como un Plan Marshall para el desarrollo del sur del país, un plan de inversiones en producción, infraestructura, en acciones humanitarias. Ese plan originalmente no correspondía a una estrategia de lucha antinarcóticos, pero en 1999, en el marco de la solicitud de ayuda que presentó el gobierno colombiano al de los Estados Unidos, transformó su esencia, a decir del senador Antonio Navarro Wolff,* de un plan amable, de desarrollo, para inversiones en zonas pobres, a un plan de paz, con un contenido contrainsurgente que no tenía antes.

*"Plan Colombia. Intervención de Antonio Navarro sobre el Plan Colombia", en Revista "Trabajadores". Universidad Obrera de México. Marzo-Abril 2001.

Para la ejecución del plan en el año 2000, se asignó a una de las partes más significativas un presupuesto de 184 millones de dólares, administrándose la proporción mayor de estos recursos por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos -no por ninguna entidad colombiana-. Por otra parte, para ejercerse en dos años, de 390 millones de dólares, están asignados 115 (29.4%) a la Policía Nacional, 129 (33%) para interdicción o interferencia de ríos y aérea y sólo 25 (6.4%) a desarrollo alternativo, reacomodo de desplazados y empleo temporal. Los helicópteros adquiridos (60) con recursos de este plan nunca van a ser propiedad del gobierno colombiano; se convino que su administración correspondiera a la Agencia de cooperación para la defensa y seguridad del gobierno norteamericano.

Muy recientemente las estrategias del Plan Colombia se amplían en el sur del continente con la puesta en marcha de la Iniciativa regional andina (IRA), a la que el gobierno de los Estados Unidos está destinando 1100 millones de dólares, reforzando los 1300 del Plan Colombia para asistencia en la lucha antinarcóticos. Así, Colombia recibirá 399 millones más, Venezuela de 100 a 150, Perú 206, Brasil 26, Panamá 20 y el resto se invertirá en Ecuador y Bolivia.

Se trata de programas que integran en estos países la lucha contra el narcotráfico e instrumentan medidas de contrainsurgencia con una intención de injerencia política en función de los intereses norteamericanos, esto es, no considerando las medidas que con igual prioridad debieran adoptarse para el combate al narcotráfico en los Estados Unidos, donde se tienen los consumos y por lo tanto las redes de distribución más importantes, y se generan las mayores utilidades de esta actividad delictiva, ni buscando un mejor equilibrio entre las acciones policíacas -que no de contrainsurgencia política, las cuales debieran ser, en todo caso, sólo responsabilidad de los gobiernos nacionales- y el desarrollo económico y el mejoramiento social de los países ahora productores o de tránsito para la droga, que debieran considerarse las formas fundamentales de combatir y contrarrestar los efectos sociales, políticos y económicos del narcotráfico.

Otro proyecto, que nace también de las estrategias de hegemonía continental de los Estados Unidos, es el Plan Puebla-Panamá (PPP), cuya puesta en ejecución tiene anunciada el nuevo gobierno de México, que lo presenta como una propuesta para el desarrollo de infraestructura y de actividades productivas en el Istmo centroamericano y la mitad sur de México; en él se esta previendo, en una primera fase de muchos años de duración, en lo que hace a las áreas productivas, el establecimiento, en forma casi exclusiva, de empresas maquiladoras, a partir de la principal ventaja comparativa que en las concepciones del proyecto le dan sustento: la alta disponibilidad de una cuantiosa fuerza de trabajo no capacitada ni organizada, que puede aprovecharse con salarios de mera subsistencia.

Por otro lado, el desarrollo de la infraestructura carretera y energética prevista por el plan, tiende más que al desarrollo mismo de la región, a la clara complementación de la economía norteamericana, como puede verse al considerar entre sus principales fortalezas, la carretera en construcción entre Chiapas y Matamoros, con posible ampliación a Guatemala, que podrá comunicar a la región con el mercado estadounidense y el que el sur-sureste mexicano cuente con un superávit energético y su red de ductos se encuentre conectada con el sur de Estados Unidos, haciendo posibles las operaciones de importación y exportación, que en el plazo medio y largo se prevé serán en la mayor proporción flujos del sur al norte.
Estas no son meras cuestiones de técnica económica o de estrategias de desarrollo, o consideraciones en torno al fortalecimiento de la infraestructura regional y los vínculos objetivos con los diversos mercados, sino que al considerar la prioridad de la maquila para la zona, que sería la forma casi única de industrialización y fuente principal de empleo por muy largo tiempo, y la norteamericanización de la política energética, se hace ostensible que esta zona pretende adecuarse como una zona de apoyo y abasto para la economía norteamericana, con carácter estratégico en lo referente a los suministros energéticos.

El PPP anuncia para México, por otro lado, un efecto desintegrador, al concebir implícitamente a la mitad norte del país como un amortiguador para la economía norteamericana y a la porción sur desligada de la anterior e integrada a Centroamérica, como un traspatio y segundo amortiguador, en contraposición con las posibilidades de integración sudamericanas y, en un sentido más amplio, latinoamericanas, como se desprende, por una parte, de la política migratoria mexicana, que busca "sellar" la frontera entre Guatemala y México para impedir el paso de migrantes centroamericanos, y, por el otro, del Documento base del PPP, presentado por el gobierno mexicano en marzo de este año, que considera entre las amenazas al desarrollo del plan, que Venezuela y Colombia (esta última resolviendo sus problemas sociales) puedan tomar el liderazgo de la región, capitalizando los beneficios del desarrollo de la misma hacia ellos (dejando fuera a México). El acuerdo de Caracas de venta de petróleo a Centroamérica y al Caribe, que desplaza a México de este mercado y que se establece por sobre el Pacto de San José, es un ejemplo real de este peligro.

En la conceptualización de este plan, el gobierno actual de México está considerando a Centroamérica como un coto bajo su dominio y a Venezuela y Colombia corno sus competidores y adversarios en este propósito, y no ve al istmo centroamericano como el puente que debiera constituir, al desarrollarse con plenitud y elevar las condiciones de vida de sus pueblos, entre el norte de la subregión -México- y el sur de nuestro continente, en el proceso de integración latinoamericana.

En el mismo Documento base aparecen concepciones represivo-militares, con claro sentido de contrainsurgencia, que recuerdan las prácticas de la guerra colonial de España en Cuba, en la segunda mitad del siglo XIX, y de la guerra que hace unos cuantos lustros libró Estados Unidos en Vietnam, en particular la que se refiere a la conformación de nodos concentradores de la población que hoy vive en localidades aisladas y dispersas.

En el caso de México, en los hechos se está dando ya la militarización y paramilitarización de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero -los tres incluidos en el PPP-, en los que se han presentado múltiples casos de violencia ejercida en contra de las organizaciones progresistas y de las comunidades que enarbolan demandas de carácter agrario. Ahí, la creación de nodos concentradores de la poblacióntendría como objetivo visible el control y de ser necesaria la represión política de las poblaciones rurales. Esos nodos, por otro lado, irían en contra de los reclamos de respeto a los usos, costumbres y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Complemento de las medidas de represión política, militarización y contrainsurgencia en la zona, constituye también la previsión del Pentágono de destacar un contingente de 12 000 soldados norteamericanos en Guatemala,* de hecho el centro de la región Puebla-Panamá.

1. Carlos Fazio: "El Plan Puebla panamá: intervencionismo de EU". "La Jornada", 19/03/2001.

2. Carlos Fazio: "El petróleo de México con valor agregado. La   norteamericanización  energética,    viejo proyecto geoestratégico de EU", "La Jornada", 06/05/2001.

Por otro lado, al promover la adopción y aceptación de los conceptos de política energética continental y de política energética para América del Norte (Canadá, México y Estados Unidos), el actual gobierno norteamericano ha encontrado, en el marco del TLCAN proyectado hacia el ALCA, la vía para disponer de los recursos petrolíferos de Venezuela, Canadá y México, países a los que considera proveedores naturales para las importaciones de los mercados norteamericanos.

Es así que el 20 de marzo pasado el presidente Bush declara que el gas que se encuentra en México es hemisférico; a su vez, el secretario de Energía de los Estados Unidos declaró que el acceso a la energía es el cimiento de nuestra seguridad nacional; y el vicepresidente Cheney remató señalando que México debe generar más gas natural para exportarlo a Estados Unidos. "

En esta etapa de desarrollo se encuentra ahora el proyecto de hegemonía norteamericano para nuestro continente, buscando, por una parte, avanzar por las vías de los planes regionales, y por la otra, embistiendo de frente para conformar en el plazo más breve, el Área de libre comercio de las Américas

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Las políticas surgidas de los consensos de Washington han llevado a quienes se han beneficiado de ellas -que son los principales grupos financiero-económicos del mundo, especialmente aquellos cuya sede está en los Estados Unidos, los sectores académicos vinculados con éstos, las grandes firmas de asesoría financiera y los beneficiarios directos de las privatizaciones- a adoptar una visión fundamentalista de la globalización, no exenta de su particular interés de lucro, y a sostener que la instrumentación y desarrollo de las políticas neoliberales constituye el único e inevitable camino posible para las naciones de los distintos continentes en la actualidad.

Pretenden ignorar que día a día se amplía más la brecha que separa a los países altamente industrializados y desarrollados de los subdesarrollados y dependientes, a los ganadores de los perdedores, y que las causas de que esto sea lo que marque y caracterice a los procesos de mundialización son la desregulación de las economías nacionales, que las ha dejado más frágiles y vulnerables frente al exterior y a las presiones político-financieras internas, la irracional liberalización de ¡os mercados, la apropiación de activos públicos subvaluados, es decir, las privatizaciones, y la corrupción que ensucia todos estos procesos.

Salvo para sus promotores, que han alcanzado los beneficios que preveían, como individuos y como grupos económico-financieros, las políticas neoliberales han fallado a todos los ofrecimientos. La desocupación ha crecido, los salarios han visto disminuir su poder adquisitivo, los mercados internos se han estrechado al reducirse los ingresos de la mayoría de la población y disminuir consecuentemente las capacidades de consumo, así como al agudizarse los procesos de concentración de la riqueza; se ha presentado el fenómeno de reprimarización de las exportaciones, que no se diversificaron, ganando primacía en su composición los energéticos, las materias primas y las mercancías con contenido tecnológico reducido; los gobiernos de los países en desarrollo, a pesar de saberla como condición tanto para la consolidación de las propias reformas neoliberales, como para el mejoramiento social y la modernización y diversifícación industrial, no prestaron la atención debida a aumentar la capacidad tecnológica ni dieron los pasos requeridos para lograr la transformación de las economías nacionales basadas en recursos a economías basadas en el avance tecnológico.

Efecto también de las políticas neoliberales son el deterioro sufrido, el estrechamiento de las capacidades de servicio y la caída en la calidad de los sistemas de seguridad social, salud y educativos, así como la disminución de las posibilidades de expansión de las instituciones de investigación científica y de desarrollo de tecnologías propias.

El proyecto del ALCA, si tomamos en cuenta la experiencia vivida por México desde los tiempos de la negociación del TLCAN, resultará aun más inequitativo y asimétrico que éste para los países latinoamericanos y del Caribe. El tamaño de la economía norteamericana es en promedio 23 veces mayor que las economías nacionales del resto del continente y su participación en los intercambios industriales alcanza el 59%.* Entonces, su predominio, ya de arranque, es absoluto y ningún planteamiento existe para asumir compromisos de solidaridad, compensar desequilibrios y compartir con equidad los beneficios.

En los esfuerzos para la creación del ALCA, el gobierno norteamericano está poniendo toda la presión política y económica que considera posible. El "atractivo ofrecido por Estados Unidos a América del Sur es el libre acceso a su gigantesco mercado, acompañado por la expectativa de grandes transferencias, hacia el sur, de capitales y tecnología norteamericanos. El interés del proyecto para Estados Unidos, es el de atender la amplia y creciente demanda existente en América del Sur (léase Brasil), de bienes durables de consumo de procedencia norteamericana, en una coyuntura caracterizada por la saturación de dichos productos en el mercado norteamericano. El otro objetivo es el de ocupar el mercado de servicios financieros, de seguros y tecnológico”. *

1. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe: "Argentina y Brasil en la globalización. ¿Mercosur o ALCA?", FCE. Buenos Aires. 2001

2. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe: "Argentina y Brasil en la globalización. ¿Mercosur o ALCA?", FCE: Buenos Aires. 2001.

Ante esta oferta y este interés, la experiencia nos indica que los compromisos y expectativas de la inversión directa de los países altamente desarrollados nunca se cumplen o en el mejor de los casos, llega la inversión en forma reducida para aprovechar ventajas relativas y coyunturales de los países en desarrollo, receptores de la inversión, con mayores provechos para el país de origen de la misma, como se ha visto por ejemplo con el desarrollo de la maquila en estas últimas décadas, que no se ha integrado ni ha sido base para el fomento de las economías de los países en los que se ha establecido.

De imponerse el proyecto del ALCA como lo ha concebido y lo impulsa el gobierno norteamericano, las economías de los países situados al sur del río Bravo quedarían, en los hechos, subordinados a las grandes multinacionales norteamericanas y se caracterizarían por ser fundamentalmente exportadoras de productos primarios e importadoras de artículos con alto valor agregado, lo que haría que sus cuentas internacionales fueran generalmente deficitarias y que su autonomía frente al exterior estuviese en un estado de fragilidad y vulnerabilidad crecientes.

La formación de un área de libre comercio continental en estas condiciones, haría que la hegemonía económica y política de los Estados Unidos en la región fuera más que determinante, con las ventajas apuntando hacia el norte, y haría, por otro lado, "imposibles o irrelevantes los acuerdos subregionales y la integración de América Latina y el Caribe... que se basan en afinidades geográficas históricas y culturales y aspiran a ser algo más que una simple zona de libre comercio. " *

* Eduardo May obre. Director de Relaciones Económicas del SELA, citado en "¿Integración regional y desarrollo o sólo libre comercio continental y mayor dependencia?' "Unidad Regional". AUNA 2001. Verano

Entre los procesos de integración subregionales destaca por sus rápidos avances el Mercosur. Esta es una de las razones por las que desde los intereses que promueven el ALCA se le vea como un obstáculo y se le trate de desarticular. Consolidar el Mercosur resulta entonces una tarea urgente y una condición de autonomía para los Estados asociados y punto de apoyo decisivo tanto para su propia consolidación como para la ampliación y fortalecimiento de otros proyectos de integración en Latinoamérica y el Caribe, que al desarrollarse resultarían convergentes con el propio Mercosur.

Como un primer paso, el Mercosur debiera buscar la incorporación, en el plazo más breve posible, de Chile, Solivia y Venezuela.

Respecto a nuestros procesos de integración, no debe desestimarse lo expresado en la reunión de Ministros de Comercio, celebrada recientemente en Buenos Aires, de que el ALCA puede coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales en la medida que los derechos y obligaciones no estén cubiertos o excedan los... del ALCA.

El ALCA ha creado grupos de negociación para acordar principios de funcionamiento sobre acceso de mercados, inversiones, competencia, propiedad intelectual, normas laborales, medio ambiente, lo que quiere decir que los acuerdos subregionales de integración con autonomía deberán acelerar su paso para resolver en sus ámbitos de competencia sobre estas cuestiones y no ser absorbidos y desmantelados por el ALCA

"Hay urgencia de tomar decisiones, y si los latinoamericanos o los grupos subregionales no son capaces de tomarlas entre si, alguien las tomará por ellos, llámese los Estados Unidos, la OMC o el mercado "*

* Eduardo Mayobre, Director de Relaciones Económicas del SEL A, citado de "¿Integración regional y desarrollo o sólo libre comercio continental y mayor dependencia?" “Unidad Regional". AUNA.2001 Verano

Esta advertencia adquiere mayor importancia si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la correduría Merril Lynch considera que Estados Unidos iniciará en México la "americanización" regional y que según la banca de inversión Morgan Stanley Dean Witter, la transnacionalización de América Latina es un proceso en el que las corporaciones multinacionales (con casa matriz en Estados Unidos) han alterado la estructura de posesión, la base industrial y los flujos comerciales hemisféricos.**

** Carlos Fazio: "A propósito del Plan Puebla-Panamá". "La Jornada" 25/06/2001.

Los procesos de integración que se han estado produciendo en épocas recientes, como el de la Unión Europea, el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, entre otros, nos dejan ver que en nuestros días y en la circunstancia de mundialización que se vive, la integración regional se ha convertido en condición del desarrollo y que éste es a su vez fundamental para impulsar la integración plurinacional en condiciones de equidad.

Los procesos de mundialización, tanto en su concepción y planeación, como en su desenvolvimiento en la práctica, han venido dejando de lado a la gente, lo humano, cuyo mejoramiento es lo que debe convertirse en su objetivo y prioridad, así como en los diversos procesos de integración regional.

Por otra parte, experiencias de diversos países, en los distintos continentes, nos muestran no sólo que las políticas surgidas de los consensos de Washington han carecido siempre de objetivos de mejoramiento social y de equidad internacional, sino que otros caminos de desarrollo, con prioridad en lo social, son posibles, a condición, principalmente, que cuenten con amplio respaldo y participación democrática de las sociedades nacionales.

Para nosotros, por lo tanto, la integración de los. pueblos de Latinoamérica y el Caribe no puede limitarse a la libertad de los intercambios comerciales sino que debe ir mucho más lejos y proponerse alcanzar "un mayor y mejor desarrollo, lo que quiere decir modernizar la infraestructura productiva, llevar la industrialización a planos superiores, elevar y reorientar la inversión, preparar conjuntamente a la fuerza de trabajo necesaria, apoyarse para introducir nuevas tecnologías, promover el turismo hacia toda la región, asociarse o aliarse en ciertos proyectos a partir de coinversiones significativas, ayudarse para facilitar    el    acceso     a    mercados    financieros internacionales".*

*"Por la integración de México, Centroamérica y el Caribe". "Unidad regional". AUNA. 2001. Verano

En el esfuerzo por alcanzar un mayor y mejor desarrollo para México y un esquema de integración económica continental que resultara equitativo, expresaba yo en febrero de 1991 los siguientes conceptos, que considero mantienen su vigencia:

Seamos responsables y prudentes: no cualquier clase de comercio constituye un intercambio mutuamente ventajoso; no cualquier tipo de inversión va a transformar nuestras bases productivas y crear los empleos y los ingresos que queremos para nuestra gente; no cualquier industria va a optimizar el uso de nuestros recursos y proteger nuestro ambiente; no cualquier negocio es una empresa responsable. La liberalizarían económica no es nuestro objetivo, es sólo una de nuestras herramientas. El desarrollo, la justicia social y un ambiente limpio son nuestros objetivos.

Estamos a favor de un amplio pacto continental de comercio y desarrollo que considere, de entrada, el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; y que corresponda, al mismo tiempo, al interés del desarrollo de México y no afecte las normas de bienestar de Estados Unidos o de Canadá...

Queremos que los mercados mexicanos funcionen, estamos a favor de una mayor y más equitativa competencia dentro de México y entre México y el resto del mundo, y sabemos que esto no puede lograrse por el simple hecho de privatizar los monopolios estatales. Es necesario alentar el crecimiento de una clase empresarial, progresista, moderna y vigorosa que México nunca ha desarrollado. Una gran parte del sector privado nacional tendrá que aprender a sostenerse por si mismo y a obtener sus beneficios de su iniciativa y competitividad, y no ya de compartir la corrupción con altos funcionarios del gobierno...

El pacto continental de comercio y desarrollo que proponemos ofrece una oportunidad para realizar un nuevo diálogo norte-sur... para firmar pactos económicos y compartir compromisos de desarrollo reales.

La verdadera dimensión hemisférica de un pacto continental debe basarse en el principio del multilateralismo. Si México, los Estados Unidos y Canadá son capaces de moldear sus respectivos objetivos de desarrollo en un entendimiento que no tenga precedentes, ese consenso debiera tornarse en el centro de un nuevo proceso alternativo de negociaciones multilaterales para la integración hemisférica...

Proponemos una negociación ambiciosa con base en un planteamiento coherente, integrado, global, que conduzca a un pacto de libre comercio y desarrollo amplio, visualizado a largo plazo y de alcances continentales... *

* Cuauhtémoc Cárdenas: "La agenda de la soberanía, la justicia y la democracia", en "Integración económica para el desarrollo. Hacía un nuevo orden mundial, justo y estable". Grupo Parlamentario del PRD. 1992.

Este pacto, negociado simultáneamente por el conjunto de países del continente, podría verse como el mecanismo para avanzar en una cooperación económica equitativa entre el norte y el sur y como un paso muy importante de la integración latinoamericana, al disminuir con la aplicación de medidas de desarrollo, las diferencias en las condiciones sociales y económicas de los países de la región, pues es obvio que los esfuerzos de integración de América Latina y el Caribe se verán dificultados mientras se mantengan o se ahonden las grandes desigualdades existentes en la distribución del ingreso, la marginación de vastos sectores de la población y las brechas culturales y económicas que impiden la cohesión social. La experiencia muestra que en esas condiciones las posibilidades de libre comercio desminuyen y se alejan las de integración política.

Por estas razones en la región debe tener prioridad la lucha contra la pobreza, que pasa necesariamente por la lucha contra las desigualdades sociales y simultáneamente por el pleno ejercicio de las libertades.

Entre los mecanismos y esquemas a considerar en nuestros procesos de integración están los fondos compensatorios, como se establecieron y se han utilizado en la Unión Europea para cerrar diferencias y crear condiciones de desarrollo relativo similares en todos los participantes, y los principios adoptados en distintos pactos subregionales, que prevén trato desigual a desiguales, esto es, otorgamiento de ventajas a aquellos países con mayores rezagos y desventajas; la adopción de un compromiso social, que garantice el respeto a los derechos humanos y condiciones laborales dignas; libre movilidad de las personas, pues no resulta admisible que se conceda el libre transito a las mercancías y se niegue a las personas; y el cuidado y preservación del medio ambiente.

Respecto a medidas de este tipo, que impulsan y fortalecen los procesos de integración latinoamericanos, debemos reconocer y destacar los alcances y el valor de la propuesta hecha por Venezuela en la 13a reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada hace pocas semanas en Valencia, para garantizar en la Comunidad Andina de Naciones el libre transito de personas a partir del año próximo y la creación del pasaporte andino en el 2005.

Ahora bien, los procesos no serán efectivos y sobre todo, no podrán sostenerse en el largo plazo, si no se adoptan compromisos que puedan ser suscritos por los países de mayor desarrollo relativo, que permitan compartir los conocimientos e informaciones necesarios para el desarrollo, lo que demanda desarticular los monopolios del conocimiento y abrirlos con espíritu de verdadera solidaridad.

Un régimen de libre comercio que abarque todo el continente, para que resulte efectivamente equitativo y tenga efectos en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, debe considerarse, en primer lugar, como parte de un acuerdo continental de desarrollo, que tendrá que prever sus propios instrumentos de ejecución, y por el otro lado, como espacio de coincidencia entre el proceso de integración política y económica de América Latina y el Caribe y el proceso de creación y desenvolvimiento del área de libre comercio de las Américas, que debe proponerse de manera específica corregir los fuertes desequilibrios de competitividad que existen actualmente entre las diferentes economías del área.

Al tiempo que se consolidan estos proyectos de libre comercio y desarrollo, debe dársele celeridad al proceso de integración política y económica de Latinoamérica y el Caribe. Con la patria grande integrada, como un gran bloque de población, recursos y potencialidades productivas y culturales, las Américas del Sur, del Centro y del Norte podrán constituir un continente de libertades, democracia y solidaridad, que comparta y donde se compartan con equidad los beneficios del progreso.