Agradezco a México Posible la invitación para participar en esta reflexión sobre los caminos de la izquierda, que va a permitir revisar y discutir las ideas y posiciones de las fuerzas progresistas, así como su responsabilidad y el papel que debieran jugar en las transformaciones inmediatas y mediatas que reclama nuestro país.

Habrá que empezar por preguntarse de qué fuerzas políticas estamos hablando, pues entre aquellas que se autodefinen como de izquierda, se encuentra una extensa gama en las que unas y otras se diferencian no sólo por sus concepciones ideológicas y sus posiciones ante el acontecer nacional e internacional, sino también por los procedimientos que adoptan en su acción para alcanzar los objetivos que se proponen.

¿Quiénes están en la izquierda? ¿Por qué lucha la izquierda? Aceptando que no hay nadie que pueda determinar o a quien se reconozca autoridad para establecer quien está o no en la izquierda, y sin entrar a discutir a quien se considera o no como parte de ella dentro del espectro de las fuerzas políticas, ni tampoco sobre la validez o vigencia de las distintas corrientes del pensamiento que en la interpretación general se colocan en la izquierda, me parece que lo que mejor puede aclarar las cosas, son los contenidos y finalidades que cada individuo o cada agrupamiento da a los esfuerzos que emprende o a las luchas con las cuales se involucra, trátese del debate ideológico, de la posición sobre la coyuntura del momento, la discusión sobre los métodos de acción o los objetivos que se persiguen.

En lo personal, considero que se está en la izquierda cuando se aceptan, para establecer normas de conducta pública y privada, y se promueven, los valores de la igualdad, la libertad, la independencia, la solidaridad entre los hombres y entre los pueblos, el trabajo, el progreso, el bienestar, la democracia, la tolerancia, la justicia, la paz, y se rechaza y combate con energía todo tipo de explotación, así como el uso de la fuerza para resolver controversias, trátese de individuos, trátese de naciones. Y, por otro lado, cuando se anteponen los intereses colectivos a los individuales.

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Para la izquierda mexicana, los tiempos actuales son los de la búsqueda de un posicionamiento que haga viable un cambio de fondo en nuestro país. Son tiempos para esforzarse en crecer y en buscar coincidencias con los más diversos sectores de la sociedad que estén luchando por finalidades similares. Son tiempos también para mostrar, al través de las acciones que se emprendan y de las propuestas que se vayan haciendo, que se sabe a donde se quiere conducir al país y que se sabe cómo hacerlo.

En la circunstancia política de hoy, con tres años transcurridos de administración foxista, después de la elección de medio período, la gente está esperando las propuestas de la izquierda y quisiera encontrar en ellas no sólo la crítica, ciertamente válida a una mala gestión, sino tanto caminos claros a seguir para dar solución a los problemas del país y de la gente, como aquello que las diferencie de las que se hacen desde las posiciones conservadoras y entreguistas.

En tiempos políticos recientes ha sido frecuente escuchar que desde cierta izquierda se declare –y en la práctica se busque- que hay que ganar o que hay que correrse al centro. Me parece un error y un error grave, que, entre otras cosas, ha desdibujado a la izquierda ante la opinión pública y la ha llevado a fuertes tropiezos políticos. Se perdió de vista que el centro es parálisis: ni para atrás ni para adelante, ni a la izquierda ni a la derecha, ni para arriba ni para abajo. Esa actitud ha sido entendida por importantes sectores de la opinión pública, más que como una actitud adoptada con el propósito de extender los apoyos y fortalecer una opción, como una actitud de pérdida de confianza en las ideas y en las propuestas propias o como un viraje hacia el campo contrario por seguir lo que en cierto modo ha sido una moda, que en lo general, ha dado aquí y fuera de aquí, malos resultados políticos. Ahí está Blair, para no ir más lejos.

Mantenerse en la izquierda no significa caer en planteamientos o adoptar posiciones fuera de la realidad, tratar de acelerar irracional o irresponsablemente los tiempos, o ir a choques en condiciones de evidente desventaja, ni dejar de establecer acuerdos o anudar alianzas, sobre cuestiones programáticas o coyunturales, con fuerzas políticas de signo diferente.

Si algo ha caracterizado a la izquierda a lo largo de la historia, ha sido la inteligencia y la audacia para moverse hacia delante, para que aprovechando las circunstancias, con los pies en la tierra y sin desconocer realidades, puedan impulsarse sus proyectos políticos.

Ser de izquierda y mantenerse en la izquierda, es mantener apego a los principios y en ninguna circunstancia pasar sobre ellos. La oportunidad y el pragmatismo que reclama la acción, no pueden substituirse por el oportunismo y la claudicación, y pensar que se sigue en la misma posición y pensar sobre todo, que los demás no se dan cuenta del cambio.

Nuestras propuestas deben llevar como propósito tanto participar y tratar de resolver, de acuerdo a nuestros principios y objetivos, la coyuntura actual, como tener un planteamiento claro para el plazo medio y largo. El planteamiento claro convence, convoca y moviliza. La indefinición y la claudicación repelen y paralizan.

La importancia de una propuesta no reside solamente en que deja ver con toda nitidez lo que se está proponiendo y cómo se prevé realizarlo, sino en que establece compromiso con la gente y le abre a ésta la oportunidad de valorar, por una parte, si tanto organizaciones como individuos cumplen con el compromiso que públicamente contrajeron, y, por el otro, le otorga autoridad para, en caso dado, reclamar y exigir.

Nuestras propuestas, además de plantear soluciones reales y de fondo a los problemas, deben servir para convocar a la acción convergente con otras fuerzas, de modo que los objetivos se alcancen con las dificultades menores.

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En la controversia política actual, los campos se definen de acuerdo a las posiciones que se adoptan en torno a los problemas principales, sean éstos nacionales o internacionales. Por ejemplo, en el plano nacional, la ubicación política se da según las actitudes que se asuman respecto a la política petrolera, en particular en relación a si se consideran o no constitucionales los contratos de servicios múltiples que Pemex está otorgando para explorar y extraer gas, a si el mercado de los grandes consumidores de electricidad debe cederse o no a intereses privados, a la autonomía o subordinación de nuestro país en su inserción en el orden mundial y en especial en el orden continental, a la valoración cualitativa que se haga de la relación con Estados Unidos y el proyecto de Área de libre comercio de las Américas que trata de imponer el Presidente Bush, a los grupos de población sobre los que debe descansar la reforma hacendaria, a los derechos de la mujer, a la forma de enfrentar el conflicto de Chiapas, los casos de los Amigos de Fox, Pemexgate y Fobaproa-Ipab, al papel y responsabilidades del Estado.

En lo internacional, los campos se definen hoy en función de las posiciones que se toman en relación si se acepta o no como una situación inmodificable la hegemonía mundial que ejerce Estados Unidos y las hegemonías regionales, a quienes deben ser los beneficiarios de los procesos de globalización y de integración multinacional, a si se considera la guerra preventiva como un instrumento válido de política internacional o se le sigue calificando, como lo hizo el tribunal de Nuremberg, como un crimen contra la humanidad, si tienen o no respaldo moral las intervenciones humanitarias, si desde cualquier punto de vista son admisibles las guerras que desató por decisión unilateral la administración Bush contra Afganistán e Irak y la ocupación militar que Estados Unidos mantiene en aquel país.

En nuestro caso, el debate público del momento se ha centrado, entre otros temas, en las cuestiones energéticas y en la reestructuración continental que plantea el ALCA.

Con la puesta en vigor de los contratos de servicios múltiples, se está transfiriendo a entidades privadas, que de acuerdo a las adjudicaciones ya hechas son extranjeras, la responsabilidad de la exploración y extracción de gas natural, que son actividades que la Constitución reserva para que las realice exclusivamente el Estado mexicano.

La gravedad de estar haciendo estas adjudicaciones radica no sólo en que el gobierno, que es el más obligado a cumplir con la ley, viola principios constitucionales, sino también en que con ello se refuerza una política que está eliminando al interés nacional de los objetivos y de las decisiones y responsabilidades de ejecución de la política energética del país, que se está decidiendo desde Washington y está ya orientada a servir con prioridad a la economía norteamericana.

Entregar, como se está haciendo, la conducción de la política energética a una potencia extranjera, a más de constituir un crimen de lesa patria, resta elementos al país para definir los rumbos de su desenvolvimiento. Disminuye la capacidad de decisión soberana.

El petróleo, en una política patriótica e inteligente, debiera volver a ser el recurso cuyo aprovechamiento se constituyera en motor y conductor del proceso de industrialización y del crecimiento económico del país. Para ello, principio básico de una nueva política energética debieran ser –además de la estricta observancia de las leyes- tender a reducir la exportación de crudo y substituirla con exportaciones de petroquímicos y refinados producidos dentro del país. Habrá que comenzar por la cancelación de los contratos de servicios múltiples y por orientar el aprovechamiento del gas de la cuenca de Burgos, a satisfacer necesidades nacionales, substituyendo así las fuertes importaciones que ahora se realizan, pues al haberse abandonado ya por décadas la exploración y la captación del gas, México se volvió deficitario en este producto, a pesar de los abundantes yacimientos con que cuenta.

Fox y sus colaboradores han sostenido reiteradamente que ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad se privatizarán. Esto, en un sentido, es cierto: ni edificios de oficinas, ni líneas de transmisión, ni industrias obsoletas, ni plantas generadoras que reclaman modernización pretenden venderse a grupos privados. Lo que el gobierno quiere, es dejar el mercado de los grandes consumidores de electricidad, que es el que mayores utilidades genera y menos dificultades ofrece en su operación, a intereses privados, que en las condiciones en las que se plantea la privatización sólo pueden ser extranjeros, y dejar en el conjunto del sector, como en este caso del mercado eléctrico, los grandes negocios de la industria energética para los grupos privados. Se pretende, por otro lado, que toda el área de la energía se reestructure para que opere de acuerdo a los intereses que en la actualidad dominan y deciden la vida política y financiera de los Estados Unidos, que, no se pierda de vista, son los grandes consorcios de la energía y en particular del petróleo.

La lucha en el fondo, entonces, no es por la privatización o no privatización de áreas básicas de la energía, sino por las finalidades de fondo y de largo plazo que se asignen y al manejo que se haga para el desenvolvimiento de este sector, que es fundamental en toda economía. Lo que está por lo tanto en juego, es si petróleo y electricidad se aprovechan para desarrollar toda nuestra potencialidad productiva para beneficio del país y de su gente, o si estos recursos se enajenan para servir a intereses ajenos, cancelando así no sólo posibilidades de progreso, sino condiciones de independencia y autonomía para nuestro país.

En un orden internacional como el actual, cuya marcha la decide la hegemonía dominante de los Estados Unidos, países como el nuestro no tienen ninguna oportunidad de resolver sus grandes problemas sociales y económicos, ni de insertarse en los procesos de globalización con la posibilidad de aprovechar sus ventajas.

En el orden vigente, la perspectiva de América Latina y el Caribe, sobre todo de llevarse a cabo la creación del Área de libre comercio de las Américas, en los términos en que la impulsa el gobierno de los Estados Unidos, es la de la afirmación del control que ya ejerce la economía norteamericana sobre las del resto del continente, que quedarían como simples complementos de ella, y con lo que el destino mismo de nuestras naciones estaría sujeto de manera aun más determinante, a las decisiones norteamericanas, y si vemos los planteamientos y las experiencias que surgen del Acuerdo de libre comercio de América del Norte, del Plan Puebla-Panamá, del Plan Colombia, de crearse el ALCA, América Latina y el Caribe avanzarían aceleradamente para convertirse y así consolidarse por un largo plazo, en grandes zonas de maquila, con una industrialización de bajo desarrollo tecnológico, en países en los que se hagan crecientes las diferencias sociales, que se constituyan en proveedores de mano de obra barata y desprotegida social y políticamente para la economía de Estados Unidos, que verían, por otro lado, una cada vez mayor militarización de su vida interna y la transformación de sus ejércitos en policías locales, perdiendo en lo político la capacidad de decisión autónoma que les queda.

Así, América Latina y el Caribe sólo compartirían la globalización de la miseria, del atraso, de las enfermedades curables, de la exclusión social, y no participarían, sino muy marginalmente y sólo en los cada vez más reducidos sectores concentradores de la riqueza, de la globalización del progreso, el bienestar, los conocimientos, la participación.

Frente a este riesgo, la respuesta de nuestras naciones debe ser la de impulsar, ampliar y fortalecer los procesos autónomos de integración política y económica que se están dando en la región, para sumarse y aprovechar las tendencias positivas de la globalización y hacer entender a las grandes potencias que sólo en un mundo de igualdad y solidaridad fraterna hay futuro para todos, que la humanidad no puede estar regida por la voluntad de uno solo, que no respeta pactos ni tiene principios, y que decide quien es bueno y quien es malo en el mundo y cómo se premia o cómo se castiga.

En la construcción de un nuevo orden mundial de equidad y de justicia, los países de América Latina y el Caribe, sumándose y aprovechando las corrientes positivas de la globalización, deben propugnar por su unidad política y económica, en la que se encuentra hoy la única posibilidad para que resuelvan favorablemente los problemas de su gente, de sus economías y de su relación con el resto del mundo.

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Sin lugar a equivocarnos, puede afirmarse que México se encuentra en un tránsito inacabado hacia un sistema político democrático, y que en el abanico de las fuerzas políticas aparece una izquierda dispersa y en ciertos casos, incluso de grupos confrontados entre si.

El 2 de julio del 2000 vio su fin el régimen de partido de Estado y México creyó conocer la alternancia política. Por un tiempo creímos que el cambio cualitativo en la relación del Presidente de la República con su partido y el que gobernara un partido distinto al PRI era sólo obra de un voto ciudadano mayoritario. Creíamos haber avanzado en la transparencia electoral y que el respeto al sufragio era un logro de la fortaleza democrática de la ciudadanía.

Hoy nadie puede tener certeza de qué fue lo que realmente provocó los cambios políticos que se han vivido del 2 de julio del 2000 para acá. ¿Pesó más el voto ciudadano o el dinero sucio de los Amigos de Fox para llegar al resultado electoral que se aceptó entonces como bueno? ¿De no haber delinquido Fox y sus amigos, tendríamos este mismo gobierno?

Estos hechos, parcialmente sancionados por la ley, lo que nos afirma que se cometieron delitos en agravio del país y de sus ciudadanos, nos dejan ver que si bien existen avances en nuestra democracia electoral respecto al pasado –los fraudes no han sido tan masivos ni tan descarados como en 1988 y 1991, aunque ciertamente si más sofisticados-, es preciso tomar conciencia que el respeto al voto y la transparencia y rectitud de los procesos electorales están aun en entredicho.

La sanción parcial por los delitos cometidos en torno al caso de los Amigos de Fox y la resolución del Tribunal Federal Electoral admitiendo la comisión de un delito y aun así, imponiendo al delincuente en el cargo de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, así como la parcialidad con la que hace a penas unos días se designaron los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, constituyen graves retrocesos en la democracia electoral, que no está consolidada, por lo que es difícil pensar que en esas condiciones puedan tenerse avances reales en la apertura de nuevos espacios democráticos, en los que el ciudadano pueda elevar el grado de su participación en su calidad de trabajador en un centro laboral, de usuario de servicios públicos, de consumidor, de residente de una colonia o de una población.

La democracia que aspiramos construir no se limita a lo electoral, que sin duda es fundamental para avanzar hacia otros ámbitos. Se ha mejorado en el respeto al voto, que no es todavía absoluto, como se ha visto en los casos citados de delitos y delincuentes electorales y en varios de los procesos locales. Al tiempo que se trabaja para consolidar la democracia electoral, es necesario esforzarse por abrir otros espacios a las prácticas y a la edificación democráticas para lograr un reparto equitativo de la riqueza pública, para garantizar a todos los habitantes del país oportunidades de mejoramiento equivalentes, para tener una participación cada vez mayor de los trabajadores en las decisiones de su centro laboral, para que todos podamos ir ampliando nuestras participaciones en todas aquellas decisiones que en una u otra forma afectan nuestras vidas.

Algo que especialmente debe preocuparnos hoy, es que los retrocesos continúen y se pierda inclusive lo ya logrado. Enfrentamos al PAN y al PRI, que, no olvidemos, desde que se empezaron a imponer en el país las políticas entreguistas, de desmantelamiento productivo y socialmente depredadoras del neoliberalismo, han caminado juntos y del brazo.

La izquierda debe cerrar el paso a la continuidad de esas políticas y a la efectividad de esa alianza, lo que puede lograr con su unidad y buscando alianzas políticas y sociales, así como coincidencias con sectores diversos de la sociedad.

Un elemento fundamental para promover la unidad y facilitar las coincidencias lo constituye la propuesta programática que se presente a la opinión púbilca.

Esta serie de pláticas y reflexiones colectivas que ahora comienzan, darán sin duda una importante contribución para ir formulando una propuesta común de las fuerzas de la izquierda y de aquellas que en la circunstancia actual puedan coincidir con ellas.

Debiéramos proponernos que de estos días de discusión surja un grupo de trabajo al que se encomiende la elaboración de una propuesta en la que la mayoría podamos encontrarnos en nuestras aspiraciones y compromisos, y que gente que hasta ahora no ha caminado políticamente con nuestras diferentes agrupaciones, vea reflejada en ella sus anhelos y sienta que con su participación la puede hacer viable y llevarla a la práctica.

Este puede ser un paso decisivo para que una izquierda amplia y plural sea la fuerza que oriente y determine la vida de nuestro país. Las coincidencias que en estos días aquí se expresen pueden ser el punto de partida de una importante edificación política, que frente a las condiciones que observan las fuerzas adversarias, tiene, a condición de actuar con responsabilidad y anteponiendo a cualesquiera otros los intereses de la nación, la gran oportunidad de atraer un apoyo mayoritario de la gente y de ser factor decisivo para instrumentar en el país un proyecto de soberanía, democracia y solidaridad social.

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En lo inmediato, la tarea de la izquierda está en crecer, en ganar presencia en las regiones y entre los grupos de población donde hoy es escasa, en superar diferencias internas y presentarse ante la opinión pública en actitud de unidad, al través de sus propuestas y de las experiencias que ya puede ofrecer de buena gestión de gobierno.

Pero nuestro proyecto no es un proyecto de corta realización. La construcción de una nación no se visualiza sino en el largo plazo.

Aspiramos a una sociedad igualitaria, a un país soberano, a un régimen político democrático y de amplia participación social, en el que se reconozcan los valores del trabajo y la creatividad, dentro de un orden mundial equitativo, justo y solidario

Alcanzar estos objetivos demanda para México el recate pleno del ejercicio de su soberanía, esto es, tornar equitativa, en primer lugar, la relación con Estados Unidos, lo que será menos difícil si se actúa en el mismo sentido junto con los demás países latinoamericanos y en general con los del Tercer Mundo.

Las condiciones de nuestros intercambios deben modificarse y volverse acordes con las de los productores con los cuales se compite, tanto en los mercados internos como en los internacionales. Debe en consecuencia abrirse la posibilidad de otorgar subsidios a nuestros productores, de apoyarlos con condiciones de crédito, intereses y adopción de tecnologías de punta similares a los de los países más desarrollados.

En lo interno, en particular, deben restablecerse las condiciones para un crecimiento sostenido de la economía, que genere y garantice ocupación e ingreso dignos para la población, tornar de nuevo productivo al campo, recuperar la banca de fomento y desarrollar una banca nacional que de respuesta a las demandas de la economía, empezando por transferir de la población en general a la banca, el costo de su rescate, que se ha venido haciendo con el esfuerzo y los recursos de todos los mexicanos. El apoyo oficial concedido a la banca comercial debió considerarse como un crédito con garantía de cartera y no como una colocación de deuda por la que se recibió en pago cartera vencida. El pago del principal y del servicio de esa deuda debe realizarse con recursos fiscales, esto es, producto de impuestos, y establecer un gravamen extraordinario sobre las utilidades de la banca hasta cubrir los montos entregados por el gobierno.

Prioridad en el terreno de lo social debe ser eliminar el hambre de los hogares mexicanos, combatir la pobreza mediante profundas transformaciones estructurales, que tiendan a una distribución equitativa de la riqueza pública y a terminar con toda clase de marginaciones.

Para terminar, debe quedarnos claro que los modelos neoliberales impuestos en México y en otros muchos países en estas últimas décadas, no son los únicos posibles de llevar a la práctica. Existen otros caminos posibles, más convenientes para las grandes mayorías. Seguirlos exige romper ataduras y dependencias. Es posible hacerlo reorientando las políticas públicas, recomponiendo las relaciones y manteniendo los compromisos internacionales. Esos son los caminos de la liberación. Esos son los caminos de la izquierda.

México D. F.
5 de noviembre del 2003.