La lucha por la democracia es una lucha por el derecho. El siglo
XX fue para nuestro país el siglo de la lucha por el sufragio
efectivo, por el respeto al voto ciudadano, elemento fundamental
de la vida democrática.
Esa lucha se inició de hecho aquí, en esta ciudad
de Puebla, el 18 de noviembre de 1910, con el sacrificio de Aquiles
Serdán, quien había respondido a la convocatoria
lanzada por Francisco I. Madero, que llamó a los mexicanos
a rebelarse contra la autocracia porfiriana.
La lucha por la democracia y las libertades de los mexicanos,
después del derrocamiento y asesinato de Madero y Pino
Suárez por el usurpador Huerta en 1913, se centró
más que en el reclamo por la efectividad del sufragio en
otras reivindicaciones populares y nacionales como la reforma
agraria, los derechos de los trabajadores -la huelga, la jornada
de ocho horas, un salario digno y suficiente, etcétera-,
el dominio de la nación sobre sus recursos naturales, la
educación, la salud, la autonomía universitaria,
la seguridad social, y no es sino hasta 1988 cuando el respeto
al voto se vuelve a colocar con fuerza como la prioridad en la
lucha política de los mexicanos, y es hasta ahora, cuando
se ha dado vuelta al siglo, que el voto ciudadano empieza a ser
efectivo y empieza así a hacerse realidad la democracia
electoral.
Para los jóvenes que estudian derecho en esta escuela,
1988 está muy atrás en el tiempo. Como actor y observador
de acontecimientos importantes en la vida del país de esa
fecha para acá, quisiera compartir algunos recuerdos y
reflexiones que en estos días me ha provocado la lectura
del editorial de un diario estadunidense1 comentando sobre lo
que expresa Miguel de la Madrid en un libro2 de reciente aparición.
En ese editorial se dice que los mexicanos están leyendo
la nueva autobiografía de Miguel de la Madrid "por
su autorizada confirmación de uno de los más flagrantes
fraudes electorales de los tiempos modernos -el robo de la elección
presidencial de México en 1988..."
De la Madrid hace en su libro más que una "autorizada
confirmación", una confesión de parte, como
dicen ustedes los abogados, de que fue él quien en la tarde
del 6 de julio de 1988, día de las elecciones federales,
ordenó se dejara de dar información sobre cómo
iban fluyendo los resultados electorales, porque estaban siendo
favorables a mi candidatura, decisión que dio inicio a
un masivo fraude electoral que se cometió no en perjuicio
de mi persona, como con frecuencia se señala, sino en perjuicio
de todos los ciudadanos del país y del país mismo.
***
¿Cómo se llegó al fraude electoral de 1988?
¿Qué sucedió para llegar a ese hecho?
El gobierno de Miguel de la Madrid había puesto en marcha,
y así se reconoció públicamente, una política
de destrucción consciente y sistemática de todo
lo que tuviera que ver con los logros positivos de la Revolución
Mexicana, sin ofrecer alternativas que tuvieran por base otras
ideologías y otras políticas para la solución
de los grandes problemas del país y de la gente. El entreguismo,
el alto endeudamiento con el exterior, el disparo de la inflación
y la seria caída de los niveles de vida provocaron una
profunda irritación en la población, que aumentó
al ocurrir el sismo de 1985, que además de la gran destrucción
que ocasionó, principalmente en la ciudad de México,
dejó ver ante el país a un presidente pusilánime
e incapaz de reaccionar ante la desgracia. La respuesta popular
a las heridas del sismo fue en sentido contrario a la del presidente:
la gente respondió dando vida a un vigoroso movimiento
urbano popular que tomó la iniciativa social y política
para la reconstrucción de la capital.
El descontento apareció también en la vida política
y al interior mismo del régimen. La Corriente Democrática
surgió dentro del PRI hacia finales de 1986 reclamando
al Estado la práctica de una política pública
con fuerte contenido social, exigiendo frenar y reducir el endeudamiento
externo y la adopción de procedimientos democráticos
en el partido para la toma de sus decisiones, en especial para
la designación de candidatos, con lo que el presidente
y el sistema se sintieron amenazados en ese supuesto derecho no
escrito que se arrogaban de designar al candidato oficial a presiden-
te y, en la práctica, al sucesor del presidente en turno.
La corriente no planteaba el apoyo a un candidato en particular,
cuestionaba el procedimiento, exigiéndolo democrático,
con la participación de los miembros del partido.
Desde que se celebró la 13 Asamblea Nacional del PRI,
en marzo de 1987, se produjo el rompimiento real del sistema y
del partido con la Corriente Democrática, pero ni el presidente
directamente, ni utilizando al partido, se atrevió a plantear
y menos a instrumentar la expulsión formal de los miembros
de la corriente. Nosotros, con apego estricto a nuestros derechos
partidarios, decidimos dar la lucha desde el interior, buscando
la democratización del partido, que considerábamos
paso indispensable, tanto para poner fin al régimen de
partido de Estado como para lograr la democratización del
régimen político del país.
Desde afuera y desde dentro se nos veía como oposición
al régimen, aun cuando nos negábamos a considerarnos
al margen del partido. Eso atrajo las adhesiones de importantes
grupos de priístas de base y el que desde los partidos
de oposición me propusieran ser su candidato a presidente.
Nuestra respuesta fue siempre en sentido que librábamos
al interior de nuestro partido una lucha que no había concluido.
Al llegarse el tiempo vino el dedazo del presidente, con el consecuente
destape de Carlos Salinas como candidato del PRI. En ese momento,
los miembros de la Corriente Democrática estábamos
obligados a tomar una decisión: aceptábamos la imposición
presidencial y nos sumábamos a la campaña oficial,
o nos íbamos cabizbajos a nuestras casas; nos lanzábamos
a una campaña testimonial con un candidato no registrado,
sin partido que lo respaldara y cuyo nombre no aparecería
en las boletas electorales, llamando al voto en el círculo
blanco, o buscábamos proseguir nuestra lucha con los mismos
objetivos que dentro del PRI, con el cobijo de otro u otros partidos.
Optamos por aceptar los ofrecimientos de los partidos de oposición
y es así como me convertí en candidato del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (que recién
se había transformado de Partido Socialista de los Trabajadores)
y del Partido Popular Socialista. A estos partidos se fueron sumando
otros partidos sin registro y numerosas organizaciones políticas
y sociales que, en conjunto, en enero de 1988 formaron el Frente
Democrático Nacional (FDN). El Partido Mexicano Socialista
se adhirió al FDN al declinar Heberto Castillo su candidatura
en mi favor el 6 de junio, justo un mes antes del día de
la elección.
La campaña, que se hizo en condiciones sumamente precarias,
recibió una vigorosa y entusiasta respuesta de la ciudadanía.
Y llegó el 6 de julio.
***
La jornada electoral estuvo plagada de delitos, atropellos e
irregularidades, como lo estuvo todo el proceso, desde la violencia
que se desató el día de las elecciones en innumerables
casillas hasta el día en que se calificó la elección
presidencial en la Cámara de Diputados, pasando en ese
lapso por los comités distritales, donde se concentraron
los paquetes de votos, los centros de cómputo oficiales
y los colegios electorales.
Los resultados oficiales de la elección empezaron a recibirse
en el centro de cómputo de la Comisión Federal Electoral
-la autoridad electoral de entonces- por la tarde del día
de las votaciones y a transmitirse a la sesión que ésta
celebraba, presidida por el secretario de Gobernación,
en la que estaban los representantes de todos los partidos. Los
números que llegaban de la elección presidencial
no estaban resultando favorables al PRI sino al FDN.
En un momento dado, la autoridad empezó a dar a conocer
los datos supuestamente oficiales del distrito con cabecera en
Tula, Hidalgo, y el representante del PARM, uno de los partidos
del frente, exhibió el acta del escrutinio correspondiente
a la elección en ese distrito, firmada por los representantes
de todos los partidos, incluyendo al PRI, que eran radicalmente
distintos a los reportados por la comisión electoral. En
ese momento se cayó y se calló el sistema -esto
es, el sistema oficial de cómputo electoral-. Ese fue el
momento en el que llegó la instrucción del presidente
de no dar más información a la opinión pública
sobre cómo estaban moviéndose las cifras electorales.
"Cuando eso ocurrió -asienta De la Madrid en su libro-
se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios
de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar
y computar las casillas que les correspondían, a fin de
llegar al resultado oficial". Fueron los días, debe
decirse, no para analizar y computar, sino para manipular las
cifras electorales y ponerlas a tono con el fraude.
La caída y el silencio del sistema de cómputo electoral
se prolongaron por varios días.
Sin embargo, se empezaron a conocer cifras de la elección.
Los representantes de los partidos del FDN en casillas y en los
comités distritales empezaron a enviar datos a los centros
de cómputo de los partidos y a rescatar actas en las que
se consignaban los resultados reconocidos de la elección.
Con esas informaciones se pudo saber cómo iban fluyendo
los conteos de votos.
El número total de votos oficialmente reconocido para
todos los candidatos presidenciales fue de 19 millones 143 mil
12. Una visión retrospectiva de cómo se fueron conociendo
los datos de la elección se da a continuación:
El 7 de julio, día siguiente al de la elección,
el FDN tenía datos que sumaban 2 millones 724 mil 7 votos,
que se distribuían 26.61 por ciento para el PAN, 26.76
por ciento para el PRI y 40.16 por ciento para el FDN.
El 9, dos días después, con 6 millones 709 mil
351 votos, correspondientes a 35 por ciento del total, los porcentajes
eran 25.19 para el PAN, 32.69 para el PRI y 38.8 para el frente.
El 12 de julio, que fue el último día que se recibió
información que se podía considerar medianamente
confiable, pues había cada vez más evidencias de
un fraude masivo y generalizado, se tenían computados 10
millones 355 mil 293 votos -54.09 por ciento del total-, de los
cuales 21.38 por ciento era para el PAN, 35.76 para el PRI y 39.4
para el FDN, correspondientes a 30 mil casillas -54.5 por ciento
del total de las instaladas en el país.
En cualquier elección conducida con rectitud, en cualquier
país, al conocerse las cuentas de 54.5 por ciento de las
casillas se puede considerar que se han establecido ya tendencias
que prácticamente no variarán al llegarse a los
resultados finales.
Aquí entran de nuevo las confesiones de Miguel de la Madrid,
quien escribe que habiéndose hecho los cómputos
en 30 mil casillas se dejó "pendiente el desglose
de la información de otras 25 mil, de las que sólo
se dieron resultados agregados por distrito".
Los datos de esas 25 mil restantes nunca fueron dados a conocer
y nunca podrán conocerse, pues los paquetes con los votos
de esa elección, que habían sido depositados en
la Cámara de Diputados, según lo disponía
la ley, se incineraron por acuerdo de las diputaciones del PRI
y del PAN.
¿Qué se puede decir de los votos de esas 25 mil
casillas, cuyos resultados fueron ocultados o que nunca fueron
contados?
A esas casillas correspondieron, de acuerdo a los resultados
que, como dice De la Madrid, se dieron agregados por distritos,
8 millones 787 mil 719 votos, 45.91 por ciento del total oficial,
que se distribuyeron como sigue: 21.36 por ciento (contra 21.38
en las casillas cuyos votos se desglosaron partido por partido
y candidato por candidato) para el PAN, 67.57 (contra 35.76) para
el PRI y 11.98 (contra 39.4) para el FDN.
Si se ven y analizan esos números, se tiene que pensar
necesariamente que en cada distrito se dieron dos elecciones distintas,
la de las casillas cuyos datos se presentaron desglosados, y la
de las casillas cuyos datos sólo se dieron agregados por
distritos, que se trata de dos electorados diferentes y, de hecho,
de dos países también diferentes.
Se ve algo más: las cifras de Acción Nacional son
iguales para las casillas cuyos resultados se dieron a conocer
y los de aquellas que se reportaron sólo en el agregado
distrital. De donde robó votos el PRI fue, como se evidencia
en estas cifras, de los partidos del FDN.
Ahora unos datos curiosos: en el cuarto distrito electoral federal
de Puebla la votación total reconocida oficialmente en
favor de Carlos Salinas fue de 82 mil 106 votos. De éstos,
corresponden a las casillas conocidas 31 mil 308 y a las ocultadas
50 mil 798. En las primeras, el porcentaje de votos para el candidato
del PRI fue de 71.5 por ciento y en las ocultadas de 109.8, por
lo que hubo que quitar mil 152 votos a Manuel Clouthier y 3 mil
589 a mí para hacer cuadrar las cifras. En el octavo distrito,
también de Puebla, Salinas tuvo 39.6 por ciento de los
votos en las casillas dadas a conocer y 103.2 en las ocultadas.
En forma similar, el fraude mayor se cometió en alrededor
de 70 de los 300 distritos electorales del país.
Así fue el fraude electoral que comenzó con las
órdenes de Miguel de la Madrid al secretario de Gobernación
y presidente de la Comisión Federal Electoral de suspender
el flujo de la información sobre los resultados electorales,
y al presidente del partido oficial de declarar, sin tener cifras
que lo sustentaran, "el triunfo del PRI", pues necesitábamos,
dice en su libro, "darlo por sentado el día 7, ante
el peligro de que cundiera la convicción que Cuauhtémoc
había ganado en todo el país..."
Cuidadosos estudios posteriores a los días de los cómputos
y de los conflictos poselectorales han permitido establecer como
los resultados más probables de esa elección presidencial
los siguientes: 22.4 por ciento de votos en favor del PAN, 36.4
del PRI y 41.2 por ciento del FDN.
***
Frente al fraude, se buscó, primero, mediante los recursos
legales y de la movilización ciudadana, revertirlo; se
planteó también la anulación de la elección
y que se convocara a una nueva, ya que se veía más
que imposible que el gobierno aceptara hacer una revisión
a fondo de la elección para limpiarla y llegar a sus resultados
reales, lo que en su momento se le propuso.
En los días posteriores inmediatos al 6 de julio, cuando
se discutía álgidamente la validez de la elección,
Rosario Ibarra, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores,
reconoció que la mayoría de los votos estaba a mi
favor. Manuel Clouthier, de Acción Nacional, declaraba
en esos mismos días que Salinas no había ganado,
que él tampoco, pero que no sabía quién había
ganado la elección.
Ante esta situación, después de varios meses de
protestas y fuertes movilizaciones por distintas regiones del
país, habiendo echado mano de todos los recursos legales
tratando de revertir el fraude, la salida que se encontró
como más viable en el FDN fue la de llamar a formar una
organización política que pudiera alcanzar la capacidad
necesaria para llevar a cabo los cambios que el país estaba
reclamando. De esa decisión nació, poco después,
el Partido de la Revolución Democrática.
Mientras se estaba en el análisis de la situación
nacional, de la situación del propio FDN y de las alternativas
que se presentaban hacia adelante -y en paralelo estaban calificándose
las elecciones de diputados federales, el presidente rendiría
su último informe ante el nuevo Congreso y se calificaba
la elección presidencial por los diputados-, nadie planteó
que la solución de la crisis pudiera encontrarse en una
vía no constitucional. Nadie propuso la vía armada,
nadie se preparó para tomar ese camino, y es que una revolución
no se da por desplantes viscerales o por actitudes meramente voluntaristas.
Una revolución se prepara, se miden posibilidades y consecuencias,
y es entonces cuando se toman las decisiones.
Llamar en aquel momento a rebelarse o en un ataque de rabia o
desesperación haber llamado a tomar o apoderarse de algún
punto simbólico hubiera sido, por decir lo menos, irresponsable,
si no es que provocador para matar al naciente movimiento, o verdaderamente
criminal.
***
La elección de 1988, a pesar del fraude, provocó,
sobre todo con las intensas movilizaciones populares, una amplia
y firme toma de conciencia entre la población respecto
a que la participación ciudadana en la vida pública
y el voto hacían posible el cambio. Este primer impulso
ha llevado, hasta ahora, a la alternancia y al fin del régimen
de partido de Estado. Se requiere de nuevos esfuerzos para llegar
a un sistema político y a una convivencia social que puedan
calificarse de cabales, de integralmente democráticos.
Reconocerse como el ejecutor del fraude con la responsabilidad
mayor, como lo hace Miguel de la Madrid, no revierte lo sucedido.
Confirma lo que muchas voces habían venido diciendo y da
más claridad a hechos importantes de nuestra historia reciente.
Cuando apareció el editorial de The New York Times no
faltó quien me preguntara si no iba yo a presentar una
demanda contra Miguel de la Madrid y aquí, a estudiosos
del derecho les pregunto si vale la pena. Para obtener una satisfacción
personal no veo el caso. Si de ella se derivara alguna sanción
para Miguel de la Madrid y quienes planearon, ordenaron e instrumentaron
el fraude desde las más altas responsabilidades de la República,
que representara una reparación de los daños ocasionados
tanto a los ciudadanos como a la nación -por la corrupción
de la administración a la que el fraude llevó al
poder, por los perjuicios ocasionados por las políticas
públicas que se pusieron en práctica, etcétera-
habría que hacerlo. ¿Qué dicen al respecto
los estudiosos de las leyes de esta Escuela Libre de Derecho?
*Documento presentado en el quinto Congreso Internacional de
Derecho. Derecho y democracia: logros, problemas, retos. Escuela
Libre de Derecho.
Puebla, Pue., 31 de marzo de 2004.
1 "About that close election..." en The New York Times,
15 de marzo del 2004.
2 Miguel de la Madrid H. (con la colaboración de Alejandra
Lajous): Cambio de rumbo. Testimonio de una Presidencia -1982-1988.
Fondo de Cultura Económica. México. 2004
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