Mañana se conmemora el 66° aniversario de la Expropiación Petrolera, por lo que es tiempo propicio para recordar y honrar a Lázaro Cárdenas, quien hizo de la lucha por la soberanía de nuestra nación la razón primordial de su vida, cumpliendo así, además, con el compromiso que por convicción propia asumió con las causas reivindicatorias de la Revolución Mexicana.

Este siglo que comienza ha nacido cuando una vez más en la historia de nuestro país, se dan fuertes embates contra la soberanía nacional.

En la administración actual, esos embates no sólo no han disminuido, sino que se han intensificado y han puesto sus miras en nuevos objetivos: las leyes laborales, las pensiones de los trabajadores, la distribución de electricidad, la exploración y explotación de hidrocarburos, los impuestos populares, la enajenación del territorio nacional.

El entreguismo, la falta de patriotismo y corrupción de los gobernantes de las últimas dos décadas y de sus beneficiarios en los mundos de la política y de los negocios, han conducido al desmantelamiento de las defensas económicas, culturales y políticas del país, así como a la degradación de los valores éticos en la actividad pública y en la convivencia social.

En estas condiciones, recuperar la conducción del país a partir de decisiones soberanas, exige centrar el esfuerzo en rescatar el ejercicio de esa soberanía para el pueblo mexicano y en empezar a ejercitarla para su beneficio.

Es así que hoy la lucha política se libra en torno a las políticas energéticas, a la preservación de la integridad del territorio nacional y a recuperar condiciones de crecimiento y desarrollo que permitan la satisfacción de las grandes necesidades y una vida digna para todos los mexicanos.

Durante poco más de un cuarto de siglo, se ha venido poniendo en práctica una política petrolera contraria al interés nacional, centrada en la extracción de crudo para la exportación, en el desmantelamiento de la industria de transformación de los hidrocarburos y sus derivados y en la apertura y entrega a intereses principalmente extranjeros, contrapuestos a los de la nación, de áreas básicas de la industria del petróleo, como son la exploración y explotación, que la Constitución reserva en exclusividad al Estado mexicano.

Esa política ha ocasionado la explotación irracional, excesiva y con grandes desperdicios, depredadora de las reservas, se ha desentendido de la exploración para encontrar nuevos yacimientos y conocer con precisión los existentes, ha cancelado oportunidades a la investigación y provocado en la industria petrolera un grave rezago tecnológico, que es indispensable revertir para, entre otras cosas, explorar y aprovechar las riquezas que guardan los fondos marinos profundos que corresponden a la soberanía de nuestra nación.

Una política petrolera en particular y energética en lo general, diferente, muy diferente de la que han impuesto los intereses del entreguismo y la desnacionalización, resulta hoy indispensable.

La seguridad energética del país debe ser su primer objetivo. México requiere, para satisfacer las necesidades de la sociedad y de la economía –producción industrial y agropecuaria, iluminación, transporte, aire acondicionado, bombeo de aguas para usos domésticos y de servicios urbanos- poco más de dos millones de barriles diarios de petróleo, cantidad a la que debe agregarse un millón más, que demanda el propio sector energético.

El desarrollo histórico, la solución constitucional que la Revolución encontró a los problemas principales del país para darle viabilidad hacia el futuro, condujo a que se asignara a las industrias del petróleo, el gas natural, la petroquímica básica y la electricidad el carácter de estratégicas, estableciendo que su manejo debiera corresponder con exclusividad al Estado. En base a ello se creó Petróleos Mexicanos y con esa condición, desde principios de la década de los sesentas del siglo pasado, se han desarrollado la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

A lo largo de las dos últimas décadas, que corresponden a la época de los gobiernos neoliberales, declaradamente entreguistas, las presiones para privatizar las industrias energéticas se han hecho cada vez mayores. En el caso de Petróleos Mexicanos, esas presiones se manifiestan hoy en particular, en el otorgamiento a consorcios extranjeros de contratos de servicios múltiples, mediante los cuales, en clara violación a la norma constitucional, se dejan en manos de esos consorcios las decisiones para explorar y explotar el gas de la cuenca de Burgos, en el noroeste del país, lo que debe verse como un primer paso en la pretensión de que se abran otras regiones del país y otras áreas de la industria a la inversión privada extranjera.

Esos contratos forman parte de un proceso más amplio, de integración energética de México a Estados Unidos, que pretende no que sólo se explote el gas de Burgos de acuerdo a la planeación decidida en el norte, sino que en lo general se abra el subsuelo mexicano a la exploración y explotación de compañías extranjeras, para que éstas construyan ductos troncales para la distribución de gas, para que la producción de hidrocarburos obedezca a las necesidades y al diseño estratégico de ellos y no al nuestro, para mantener a nuestro país prioritariamente como abastecedor de crudo de mercados externos, preferentemente el norteamericano, para lograr asociaciones con refinadoras extranjeras para producir más gasolina y más gas licuado y para abrir definitivamente la industria de los hidrocarburos a la competencia de los privados.

En estas condiciones, es preciso se de plena vigencia a lo establecido en los artículos 27 y 28 constitucionales, y que sea la nación, como propietaria originaria de los recursos, la única que opere las áreas estratégicas de la industria petrolera y reciba sus rentas y demás beneficios.

Desde la segunda mitad de los años setenta se abandonó el compromiso de un desarrollo integral de la industria y se le orientó casi exclusivamente a la exportación de crudo, lo que tuvo por efecto, entre otros, que se disminuyeran drásticamente los recursos destinados a la exploración y se mantuviera estancada la frontera petrolera del país, situándose la reposición de reservas en un 25%, muy por debajo del 80% del promedio internacional.

Además de que es indispensable aumentar los recursos que se destinan a la búsqueda de nuevos yacimientos, es necesario que la extracción de petróleo y gas no se realice en base a una lógica fijada desde el extranjero, que tiene como objetivo principal satisfacer mercados ajenos, motivo por el que se llegó en diciembre pasado, al absurdo de una irracional producción record de 3.891 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo. Para evitar excesos como ese, es necesario se establezca legalmente la plataforma de explotación de petróleo y gas, facultando al Congreso para ello, pues se trata de una cuestión estratégica de seguridad nacional que no debe quedar sólo en la responsabilidad –o irresponsabilidad- del Ejecutivo y que tiene que ver con presente y futuro de la nación.

La extracción de petróleo se ha elevado en los últimos años a un promedio de 3.4 millones de barriles diarios, con lo que se mantiene el equilibrio fiscal del Estado, pero se afecta gravemente la viabilidad de los yacimientos. Frente a la situación de las reservas, para prolongar su existencia y darles un aprovechamiento racional desde puntos de vista estratégicos –en lo internacional, económicos, sociales, ambientales-, es necesario moderar la extracción de petróleo y, por otro lado, resolver la contradicción hoy existente de que si baja la exportación de crudo, se reducen consecuentemente los ingresos del fisco.

Se tendrá que tomar la decisión de ir reduciendo gradualmente, en un plazo que se fije con responsabilidad y racionalidad, la exportación de crudo, hasta eliminarla, y al mismo tiempo se tendrán que ir buscando otras fuentes de ingresos fiscales que vayan substituyendo al petróleo. De ahí las urgencias de una verdadera reforma hacendaria y de recuperar condiciones de crecimiento para nuestra economía. Queda claro, por otro lado, que frente a esta situación, es indispensable desarrollar un verdadero sistema nacional de planeación, en el que puedan inscribirse las previsiones y acciones de la política energética que debe llevarse a la práctica en el corto, mediano y largo plazos.

El país no puede mantener su industria petrolera orientada en exclusiva a la exportación de crudo, que va casi todo al mercado de los Estados Unidos. México, en función de decisiones soberanas, debe buscar, junto con otros países productores, la coordinación del mercado internacional, con lo que se lograría dar estabilidad tanto a los precios como al flujo de ingresos producto de la exportación. Estas son razones de importancia para que las plataformas de explotación las fije el Congreso y se dote así al organismo operador con una base conocida y por lo tanto estable, para la planeación y ejecución de sus actividades.

Al mismo tiempo que se busca diversificar el destino de las exportaciones de petróleo, debe ampliarse la capacidad de refinación en el país, con el objetivo de eliminar a la brevedad posible las importaciones de destilados, que consumen más de 2500 millones de dólares anualmente. La nueva capacidad de refinación debe vincularse con la cogeneración de electricidad, lo que permitiría substituir las importaciones de gas y aprovechar combustibles alternativos, como son los fondos de alto vacío, los extractos demex, el coque y otros, diversificando así las fuentes de energía y recurriendo a nuevas tecnologías, con lo que no sólo se reduciría la importación de petrolíferos, sino que se podría dar salida al combustóleo de alto contenido de azufre.

En el rediseño de la política petrolera como conductora del crecimiento económico, juega un papel muy importante la recuperación de la industria petroquímica. Actualmente la importación de petroquímicos supera los 7 000 millones de dólares. En las políticas del neoliberalismo, los mercados petroquímicos del país se han dejado a productores extranjeros, con lo que esta rama de la industria nacional se ha visto fuertemente deprimida, cerrándose en el curso del proceso desnacionalizador numerosas e importantes fuentes de producción. La petroquímica, junto con la refinación, deben constituir los ejes fundamentales de una nueva política industrial. Deben recuperarse y ampliarse las unidades de Petróleos Mexicanos, prioritariamente aquellas que puedan integrar cadenas productivas. Pemex debe establecer acuerdos de largo plazo con organismos públicos del sector en el exterior y con firmas privadas, para fomentar todo tipo de inversiones, sobre todo en los eslabones intermedios y finales de las cadenas productivas. La producción petroquímica debe impulsarse a partir del aprovechamiento de naftas e hidrocarburos pesados y no ya con el esquema actual, basado exclusivamente en el etano, lo que dificulta tanto la competitividad como la integración de cadenas importantes.

Es urgente elevar la producción de gas natural hasta lograr que la demanda interna sea cabalmente satisfecha por la producción nacional. Actualmente se importa el 20% del consumo del país, a precios que afectan la generación eléctrica y a otras industrias. México posee vastas reservas de gas natural, que deben aprovecharse con racionalidad, bajo la exclusiva responsabilidad de Pemex. Por otro lado, resulta urgente, también, prohibir se siga quemando el gas asociado, como sucede en los depósitos de la Sonda de Campeche, donde se pierden diariamente 200 millones de pies cúbicos, que se recuperarían al acelerar las obras para terminar la conexión del sistema de compresión del complejo Cantarell.

En relación al aprovechamiento del gas natural, Petróleos Mexicanos debe celebrar alianzas estratégicas con corporaciones internacionales que han desarrollado y probado las tecnologías que permiten explorar y aprovechar los depósitos de hidrocarburos detectados en aguas profundas del Golfo de México y en su litoral, donde se estima que existen 1 200 000 km2 con potencial productivo, habiéndose hasta ahora sólo explorado 22% de la extensión continental y 4% de la del mar. A este respecto, en una primera etapa, conviene ampliar la exploración en la zona comprendida entre Tampico y Veracruz, así como en las cuencas que se estiman potencialmente productoras del Golfo de California.

Considerando que Petróleos Mexicanos tiene que seguir aportando ingresos al fisco y que liberar al organismo de ese compromiso requerirá, además de voluntad política y medidas administrativas concretas, de un proceso largo en tiempo, es de todas maneras urgente modificar el régimen fiscal al que se tiene sometido al organismo. Se estima entonces conveniente establecer gravámenes diferenciados de acuerdo a la productividad de los campos, como estímulo a una explotación más racional de los yacimientos, y se requiere llevar una contabilidad individual a cada campo. Por otra parte, a Pemex debe dársele una efectiva autonomía financiera y de gestión y en lo particular, otorgársele capacidad para cubrir sus compromisos fiscales municipales y estatales, a partir de un monto de sus ingresos específicamente destinado a ello, que fije el Congreso entre las medidas que tome para racionalizar el régimen fiscal del organismo.

Actualmente, la relación productiva y comercial entre las distintas filiales y áreas de trabajo de Petróleos Mexicanos corresponde a precios establecidos en el extranjero. Con el fin de dar mayores recursos al organismo, estas relaciones deben establecerse a partir de los costos reales de las operaciones de transferencia. Además, debe devolverse a Pemex un esquema de organización corporativa integrada y no, como ahora, coordinadora de filiales que se manejan en los hechos con decisiones autónomas.

Por otro lado, con objeto de disminuir la aleatoriedad de los ingresos de Pemex, es conveniente crear un mecanismo que atenúe los cambios en los precios de los productos y proporcione estabilidad a sus ingresos, para lo que el llamado fondo de estabilización que ya opera en base a reglas fijadas sólo por la Secretaría de Hacienda, debe convertirse en un efectivo fondo de estabilización petrolera, establecido por ley y cuyo funcionamiento sea controlado por el Congreso. Ese fondo estaría alimentado por los excedentes del precio del petróleo fijado por éste en los presupuestos de ingresos federales y se utilizaría para compensar caídas en los precios internacionales y para invertir en la expansión de Pemex.

Quiero finalmente referirme a dos asuntos puntuales. El primero: los contratos de servicios múltiples que Petróleos Mexicanos ha suscrito con varios consorcios extranjeros, a los que ha concesionado vastas superficies de la región de Burgos, en el noreste del país, facultando a estos grupos para explorar y explotar gas natural, cediéndoles una función que la Constitución reserva de manera exclusiva al Estado mexicano.

Para echar abajo y cancelar estos contratos, retirando a los particulares extranjeros de actividades que sólo competen al Estado, se precisa que quien demuestre interés jurídico, esto es, quien o quienes resulten directamente agraviados por el otorgamiento de esos contratos a particulares, presenten ante la autoridad judicial la demanda correspondiente.

Interés jurídico directo lo tienen los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quienes se ha afectado su materia de trabajo, al ser desplazados de los lotes concesionados en Burgos, por trabajadores de los consorcios contratantes. En esas condiciones, la representación nacional del Sindicato o las secciones del mismo desplazadas de Burgos, debieran ya presentar demandas reclamando se les reconozca su derecho a ocupar esas plazas de trabajo y que la actividad sea realizada por Pemex. Convoquemos a este sindicato y al conjunto de los trabajadores petroleros a encabezar la lucha por hacer cumplir la Constitución, rescatar para el Estado esas decisiones y esas actividades estratégicas y abrir esos puestos laborales a trabajadores del sindicato petrolero.

El otro asunto al que me quiero referir, es el de la concesión que el gobierno foxista pretende otorgar al consorcio Texaco-Chevron, para construir una planta de regasificación de gas licuado en la estrecha porción comprendida entre el territorio continental de Baja California y las Islas Coronado, situadas a corta distancia de las costas de aquella entidad. Aduce el gobierno para entregar la concesión, que la planta que ahí se instalaría para abastecer el Estado de California, de los Estados Unidos, generaría beneficios para nuestro país –salvo alguna derrama económica por empleo, no se visualizan otros y lo que si se ve son riesgos de afectación de recursos naturales, tanto marinos como terrestres, que corresponden a la soberanía mexicana-.

Considero, compartiendo la opinión de legisladores, técnicos petroleros y estudiosos de la historia que compartimos con nuestro vecino del norte y de los avatares de nuestra soberanía, que permitir la instalación de esa planta en el mar territorial mexicano inmediato a las Islas Coronado, al tratarse del suministro de un material estratégico para la economía californiana, si por alguna razón el Estado mexicano tuviera en el futuro necesidad de cancelar esa concesión, se toparía no con un consorcio productivo y comercial, sino con los intereses estratégicos del Estado norteamericano. Ya ha vivido México experiencias de este tipo, y desde principios del siglo XIX, no han sido pocas las acechanzas e intentos norteamericanos para apoderarse de la península de Baja California.

Con toda certeza ese proyecto puede ubicarse en territorio o en aguas de los Estados Unidos. Que lleve a la Alta California y a sus islas de San Clemente o de Santa Catalina sus posibles beneficios y la contaminación ambiental que provoque. No permitamos que se ceda un ápice de nuestro territorio, mantengamos su plena integridad, si hoy se entrega a extranjeros, se estará incubando un conflicto cuando la nación tenga necesidad de recuperar el control de esa porción, así se diga que es extremadamente pequeña, de tierra mexicana.

Nota.- Una parte de la información que aquí aparece, está tomada del documento “Lineamientos de política energética nacional” de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía (5 de febrero del 2004).

1 "About that close election..." en The New York Times, 15 de marzo del 2004.

2 Miguel de la Madrid H. (con la colaboración de Alejandra Lajous): Cambio de rumbo. Testimonio de una Presidencia -1982-1988. Fondo de Cultura Económica. México. 2004