Agradezco a la Universidad de Guadalajara y en particular a los ingenieros agrónomos de la generación 1964-1969, la primera que egresara de su Escuela de Agricultura, apadrinada hace 35 años por mi padre, el general Lázaro Cárdenas, la invitación para acompañarlos en las celebraciones de los 40 años de la Escuela y los 35 de haber dejado las aulas para entrar de lleno a la vida profesional.

Al egresar aquella primera generación de agrónomos de esta Universidad, ocasión en la que tuve la satisfacción de estar presente, mi padre les dirigió un mensaje en el que, reafirmando su convicción en la bondad de la acción agraria concebida, planteada y llevada a cabo por los hombres de la Revolución Mexicana, pasó revista a la situación, entonces, de la reforma agraria, a los obstáculos que encontraba y los caminos que debían seguirse para que pudiera cumplir a cabalidad con sus objetivos de redención campesina, justicia social y contribución a la producción y al progreso económico del país, así como al papel que en ello correspondía a los ingenieros agrónomos.

“Permítanme –les dijo aquel 10 de agosto de 1969 a quienes recién egresaban- que en ocasión tan honrosa para mi, haga algunas reflexiones sobre la profesión que han escogido. Ésta requiere de ustedes disposición de trabajar en el campo, un sentido social acendrado y un interés por impartir sus conocimientos entre los campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas, junto con una decidida vocación de protegerlos y orientarlos en defensa de sus derechos”.

Hizo, además, un reconocimiento a la labor visionaria de los constituyentes de Querétaro en cuanto a los principios que plasmaron en la Carta Constitucional en relación a la cuestión de la tierra, los logros indiscutibles del reparto agrario, se refirió también a los intereses que impedían el desarrollo del ejido y lo que había que hacer para que éste pudiera cumplir con sus finalidades sociales y económicas, a la nueva concentración de la propiedad rural, a la falta de crédito y de apoyos del Estado para los campesinos, al minifundio, a la explotación forestal irracional, al abandono de los núcleos indígenas, situaciones y problemas que hoy en lo general subsisten.

La Revolución Mexicana respondió en su momento al reclamo de los campesinos poniéndolos en posesión de la tierra. Con ello, no sólo reivindicaba sus derechos sociales y les restituía la dignidad y su condición de hombres libres, sino que les abría al mismo tiempo la posibilidad de un futuro de oportunidades para mejorar ellos y sus familias. Por otro lado, con las acciones llevadas a cabo en relación al campo y a los campesinos, se creaban las condiciones para modernizar, incrementar y diversificar las producciones rurales y contribuir con ello, de manera más efectiva, al crecimiento económico del país.

El reparto de la tierra constituyó el gran compromiso social de la Revolución con la nación y con la gente del campo en lo particular, que quedó plasmado en el artículo 27 de la Constitución y con base en él, en el transcurso de casi nueve décadas, los núcleos rurales están en posesión de más de 100 millones de hectáreas.

De 1911, cuando Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, y 1913, cuando Lucio Blanco y Francisco J. Múgica, como integrantes del Ejército Constitucionalista llevaron a cabo el primer reparto agrario de la Revolución, hasta ahora, muchas han sido las vicisitudes, las altas y bajas de la reforma agraria y de las condiciones de desarrollo y de vida del campo y los campesinos, pero nunca como ahora ha sido tan precaria la situación de la población rural, tan negro su presente, tan incierto su futuro, tan absoluto el abandono del campo y sus trabajadores por parte del Estado, esto es, se ha llegado a una situación social y económica que con el paso del tiempo, sobre todo a partir de que se impusieron a nuestro país las políticas del neoliberalismo, se ha venido deteriorando más y más, principalmente en aquellas regiones y para aquellos grupos de población que se encuentran fuera de las economías de exportación.

En 1991 el gobierno, ante la caída de la economía rural y el creciente deterioro en los niveles de vida de la población del campo, planteó, falazmente, pues sus propósitos fueron siempre otros, que la reactivación de la producción agrícola y la elevación sostenida de las condiciones de vida de los campesinos sólo serían posibles mediante el cambio del régimen de tenencia de la tierra, cancelando, si no en la ley si en la práctica, el derecho de los campesinos carentes de tierra a reclamarla del Estado y abriendo las posibilidades de privatizar y a partir de ello, comercializar las tierras de ejidos y comunidades, así como de concentrar la propiedad rural, con lo que el latifundio podría reconstituirse con sustento legal.

Se pusieron entonces oídos sordos a las voces –algunas incluso desde el seno del régimen mismo- que con compromiso y lucidez señalaban que la solución al problema del campo no se encontraba en cambiar el régimen de tenencia de la tierra, sino en aumentar las inversiones en obras de infraestructura, fortalecer productivamente al ejido, restablecer los servicios de extensionismo y ampliar y elevar la calidad de la asistencia técnica, fortalecer la investigación agropecuaria y forestal, incrementar substancialmente los volúmenes del crédito a la agricultura, integrar las cadenas productivas, llevándolas desde el cultivo de la tierra y la producción primaria hasta la agroindustria y la comercialización de los productos, mejorar la educación y la capacitación de la gente del campo, en incorporar los avances de la ciencia y la tecnología a las actividades rurales.

Ahora bien, la contrarreforma agraria que se impuso en la Constitución al modificarse el artículo 27, no llegó sola. Se redujeron también, drásticamente, las inversiones y los créditos destinados al campo. Se empezó al mismo tiempo la apertura indiscriminada y sin reciprocidad de nuestras fronteras a los productos agrícolas del exterior y se dio una negociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que dejó desprotegidos y en el abandono a amplios sectores de productores rurales. La migración hacia el norte, ya de por si cuantiosa, cobró un ritmo mucho más acelerado.

Una de las tantas consecuencias de la contrarreforma agraria y del abandono del campo fue, sin duda, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, que va ya a cumplir los 11 años.

La experiencia vivida en estos años de globalización e integración nos dice, claramente, que no había necesidad ninguna de modificar el régimen de tenencia de la tierra, sino de recuperar las responsabilidades sociales del Estado mexicano respecto a la población rural y el campo, y dar los pasos necesarios para que el campo se recuperara productivamente y los productores nacionales se tornaran competitivos, en los mercados del país y en los internacionales, frente a los productores del exterior.

Los planteamientos hechos hace 35 años aquí por Lázaro Cárdenas para dar solución a los problemas del campo mantienen vigencia: “…precisa –dijo en su reflexión de entonces- adoptar los procesos de organización y de trabajo en el campo para elevar la productividad agropecuaria y garantizar que los programas científicos y técnicos de la agricultura beneficien fundamentalmente a quienes dedican su energía al cultivo de la tierra…

“La organización del trabajo y de la producción ejidales puede lograr todas las ventajas que se atribuyen a la explotación particular en cuanto se refiere al empleo racional de los recursos humanos y los elementos técnicos modernos para aumentar la productividad. Es más, los ejidatarios, por su propia condición social, pueden adaptarse y cooperar con mayor eficacia en el desarrollo de una planeación agrícola nacional que les proteja y al mismo tiempo, fortalezca la posición del país en el mercado internacional.
“Las necesidades de crédito de los ejidatarios han sido, sin duda, hasta hoy, mucho mayores que la capacidad crediticia de las instituciones oficiales destinadas a otorgarlo. Ante este problema el gobierno tiene que buscar los recursos necesarios para cubrir tan ingentes necesidades, garantizando y protegiendo los intereses de los ejidatarios para que éstos, a su vez, puedan cumplir con sus obligaciones. De lo contrario, no nos extrañemos que los ejidatarios se vean obligados a rentar sus parcelas y en ocasiones, hasta abandonarlas y alquilar su trabajo para subvenir a las necesidades más apremiantes. Dejarán de hacerlo cuando el Estado llegue a invertir en el ejido los fondos suficientes para los cultivos y se eviten procedimientos que atenten contra el propio ejido…

“El minifundio –expresó en aquella misma ocasión- que representa una pequeña célula social de autoconsumo, es antieconómico en el campo de la producción nacional pero procura los medios de vida, muy precarios por cierto, a miles de familias campesinas que están en espera de una eficaz ayuda. Este problema… tendrá que abordarse con nuevas formas de acción agraria, como por ejemplo, la formación de unidades cooperativas de producción y de consumo en su nivel más elemental, para ir adoptando, gradualmente, niveles cooperativos más avanzados…

“A los núcleos indígenas –señaló también- debemos prestarles una mayor atención… Los indígenas de hoy, sólo han recibido como herencia su grandeza pretérita, su reciedumbre espiritual, sus idiomas, costumbres y tradiciones. No han faltado quienes pretendan borrar esa herencia, en vez de abogar por la integración económica y social de los indígenas, sin que necesariamente pierdan sus singularidades, las que tanto han contribuido a la formación de la idiosincrasia mexicana…”

Desde que Lázaro Cárdenas hiciera aquí estos señalamientos para acá, nuevos factores de retroceso han aparecido para la reforma agraria: la contrarreforma constitucional del 91-92, una negociación parcial y entreguista de los acuerdos comerciales internacionales, el Acuerdo de libre comercio de América del Norte signado con Estados Unidos y Canadá en particular, un fuerte crecimiento de la población y un dramático incremento de la pobreza, que reclaman hoy acciones tanto en aspectos directamente relacionados con las cuestiones agrarias como en otros campos de la actividad económica y social.

Es preciso restituir a los campesinos el derecho a reclamar tierra del Estado, dando a la parcela el carácter de patrimonio familiar inalienable, y legislar para transformar ese derecho, cuando no sea factible satisfacer la demanda de dotación de tierra de los núcleos agrarios solicitantes, en un derecho al trabajo, garantizando el Estado la viabilidad de su ejercicio.

Es necesario que se reconstituyan la banca de fomento y las instituciones auxiliares para almacenaje, comercialización y exportación de los productos del campo, así como los sistemas de asistencia técnica y transferencia de tecnología, como servicios oficiales.

Las condiciones impuestas por el Acuerdo de libre comercio de América del Norte resultaron, como bien se previó, gravemente desventajosas para los productores mexicanos de cereales, frijol, oleaginosas, café, azúcar, lácteos y ganado, entre otros. Corregir esta situación exige nuevas negociaciones con los otros socios firmantes también del Acuerdo, alegando la parte mexicana, como está previsto puede hacerse en el texto del propio Acuerdo para casos como ésos, la causal de daño o amenaza de daño a la producción nacional, lo que bien puede demostrase con la pérdida de empleos, la desarticulación de cadenas productivas, la caída del producto agropecuario y forestal, así como del ingreso de la población rural, los campos de cultivo abandonados, la migración hacia el norte.

Por otra parte y sobre este mismo asunto, el gobierno mexicano debiera plantear a sus dos socios del ALCAN la suscripción de un addendum de cooperación trilateral para el desarrollo, lo que implicaría comprometer a los tres países en un esfuerzo de cooperación no sólo en el terreno comercial sino también en otras áreas de la producción, incorporando objetivos de desarrollo social y económico, así como los mecanismos para alcanzarlos, como pueden ser, entre otros, la creación de fondos de inversión destinados específicamente a reducir las asimetrías económicas existentes.

Es indispensable, asimismo, lanzar un programa para la refuncionalización productiva de ejidos y comunidades, tomándolos de uno en uno, región por región, hasta tener efectivamente, un campo en condiciones óptimas de producción y productividad en toda la nación.

El problema de Chiapas, que subsiste desde el 1 de enero de 1994 y cuya solución fue frenada al desconocer el gobierno la firma de sus representantes en los Acuerdos de San Andrés, precisa ser resuelto. Hace falta para ello, en primer lugar, voluntad política por parte del Ejecutivo, que debe buscar con respeto y seriedad restablecer los contactos y el diálogo con el EZLN, y por otra parte, dar cumplimiento a la parte que corresponde al Estado de los Acuerdos de San Andrés, lanzándose, con toda responsabilidad y firmeza, a una acción de convencimiento de las distintas fuerzas políticas para que las iniciativas de ley que conocemos como Ley Cocopa lleguen a ser aprobadas por el Congreso. Este sería un paso trascendente para lograr, en el presente y con proyección hacia el futuro, la distensión en la región y la estabilidad política y la tranquilidad social no sólo en la zona de conflicto, sino en la nación entera.

Resolver el problema de Chiapas significaría crear condiciones distintas a las actuales en todas las regiones y para todos los grupos indígenas del país, avanzando en su verdadera integración a la comunidad nacional al fortalecer y ampliar sus derechos, respetando y preservando sus tradiciones y peculiaridades, proyectando sus culturas y aprovechando sus saberes y potencialidades.

Llevar a la práctica con éxito el conjunto de reformas constitucionales, la concepción y ejecución de programas, la creación y el fortalecimiento de instituciones, requiere crear conciencia de lo que es necesario hacer entre los campesinos, los profesionistas e investigadores vinculados al campo, organizaciones sociales, partidos políticos, legisladores, gobernantes, y lograr el esfuerzo concertado de todos ellos, así como la acción solidaria de otros sectores de la sociedad.

Estas son algunas ideas que me permito dejarles, en ocasión en que la Universidad de Guadalajara celebra los 40 años de su Escuela de Agricultura y 35 de que Lázaro Cárdenas apadrinara a la primera generación de ingenieros agrónomos egresados de sus aulas.