Universidad Panamericana.
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
México, D. F., 24 de septiembre del 2010.

                                                                                                       Cuauhtémoc Cárdenas.

            Agradezco a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana la invitación que me han hecho para dirigirme a ustedes este día, lo que mucho me distingue.

            Conmemoramos este año el bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Es buena ocasión para llevar a cabo una reflexión colectiva sobre la situación del país, los principales problemas que enfrentamos, las posibles soluciones y, sobre todo, para pensar qué país queremos que encuentren quienes conmemoren los siguientes centenarios de estos dos trascendentales movimientos populares.

            La Independencia nos legó la existencia como nación al romper los lazos de dependencia colonial, dio nacimiento a nuestra nacionalidad y desde los primeros tiempos, con Hidalgo y Morelos, trazó las líneas para desarrollar un régimen democrático, con sólido y trascendente contenido social, tanto al declarar la abolición de la esclavitud como al reclamar la restitución de tierras para las comunidades despojadas de ellas.

            La Revolución dio a México un largo período de estabilidad política y social y una Constitución que recuperó y reafirmó el dominio de la nación sobre el territorio y los recursos naturales; estableció los derechos sociales –a la tierra, para los poblados desposeídos o carentes de tierra; a la huelga, a un salario suficiente y digno, a condiciones de trabajo seguras, para los trabajadores-; fijó el carácter laico de la educación, como garantía de equidad ideológica; condicionó las modalidades de la propiedad al interés público; prohibió los monopolios, salvo aquellos que reconoció como instrumentos del estado; y garantizó el pleno ejercicio de las libertades individuales.

            De no haber tenido lugar la Revolución Mexicana millones de campesinos nunca hubieran recibido tierra, quien sabe cuándo se hubiera reconocido el derecho a la huelga y el salario mínimo para los trabajadores, no habría Seguro Social, ni Instituto Politécnico, ni Universidad Autónoma Metropolitana, ni sindicatos, al menos no en las condiciones en que surgieron y en las que conocemos a esas instituciones, ni se hubiera contado con una banca de desarrollo que por décadas impulsó el crecimiento económico del país, ni la industria petrolera se hubiera constituido por un largo período en el motor de la industrialización.

            Los legados de estos dos movimientos populares constituyen, sin duda, motivos de celebración. No así las desviaciones y retrocesos que tienen al país y a la gente hoy en seria situación de postración, sobre todo desde que en 1982 se impuso el proyecto neoliberal. De entonces para acá, se ha ido en un tobogán de estancamiento y decrecimiento de la economía, de desmantelamiento de las actividades productivas, de aumento de la desocupación y deterioro creciente de los niveles de vida, de pérdida de calidad de los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, y en lo político, de cesión de soberanía y de una inexistencia o ausencia cada vez mayor del Estado.

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            ¿Dónde estamos actualmente?

            En el 2000 se tuvo lugar un hecho importante en nuestra vida política: se dio la alternancia en el ejercicio del poder, que tiene como antecedente la elección federal de 1997, en la que se conquista el respeto al voto y se logra la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que significó la separación del Ejecutivo y el Legislativo y el principio del fin del régimen de partido de Estado, que rigió en el país desde 1929, aunque con muy distintas características de un gobierno a otro.

La alternancia, es decir, el cambio de personas y de partido político en la titularidad del Poder Ejecutivo, representó la substitución del partido responsable de la conducción del gobierno, cambiaron un buen número de funcionarios (salieron los del PRI y ocuparon sus puestos militantes del PAN), aunque principalmente en el área financiera el nuevo Ejecutivo designó a miembros del partido desplazado del poder; en Hacienda la conducción siguió -en lo que hace a pertenencia partidaria- sin cambio hasta hace pocos meses que se designó a un titular de esa secretaría miembro de Acción Nacional, casi una década después de producirse la alternancia.
           
            Es importante registrar que la alternancia, hasta ahora, ha significado sólo cambio de personas y de emblemas partidarios en la conducción del gobierno, ya que se mantiene sólido el proyecto económico y social que se ha impuesto al país desde 1982, el proyecto neoliberal, estructurado a partir de exigir la observancia rigurosa de los llamados consensos de Washington.

Se trata de un proyecto socialmente excluyente, concentrador de la riqueza en un grupo reducido de la población, que ha cancelado innumerables puestos de trabajo y lanzado a millones de mexicanos a buscarse la vida más allá de nuestras fronteras. Que desarrolla, por otro lado, una economía dependiente en grado cada vez mayor de las importaciones de tecnologías, alimentos, bienes industriales y energéticos (el crecimiento de las exportaciones, que es real a partir de la vigencia del Acuerdo de Libre Comercio, corresponde en alta proporción a intercambios entre filiales de grandes transnacionales) y que tiende a substituir las inversiones, las empresas y los productos nacionales por extranjeros, que ha provocado el desmantelamiento de sectores productivos como la agricultura, la pequeña y mediana empresa, la petroquímica, la industria de fertilizantes, así como la desaparición de la banca de fomento, la extranjerización de la banca comercial y la paralización de ésta en una de sus funciones principales, como es el otorgamiento de crédito para el apoyo de las actividades productivas.

El modelo socialmente excluyente que se desarrolla dentro de una economía estancada, aunado a la falta de iniciativa en la conducción política, ha creado un clima propicio para generar violencia en las relaciones sociales y para la expansión de la delincuencia organizada, la que, ante la incapacidad del Estado para controlarla y abatirla, crece y se involucra en nuevos y diversos tipos de delitos y ejerce control de la vida cotidiana en territorios cada vez más amplios e importantes.

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            Veamos algunas cifras:

La desigualdad caracteriza a la sociedad actual: en materia de ingreso, por ejemplo, la desigualdad se hace evidente al comparar el 10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con los ingresos más reducidos: los primeros reciben 24.6 veces más que los segundos; ahora bien, si vamos más al detalle y comparamos el 1% de los hogares con los ingresos más altos, con el 1% con los ingresos más bajos, que concentran respectivamente 9.2% contra 0.07% del PIB, la diferencia es de 131.43 veces.

En materia de trabajo se registra oficialmente un desempleo abierto del 4.9% de la población económicamente activa (2’337’000 personas). A esa desocupación abierta deben agregarse 9.3% más del subempleo (4.4 millones de trabajadores), 27% de informales (12.6 millones) y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ingreso alguno (3.2 millones – generalmente parientes en alguna empresa familiar) , lo que hace ascender a 20.2 millones el número de personas carentes de empleo formal, 43.1% de la población económicamente activa.

La pobreza en el país alcanza al 77.2% de la población total, más de 82 millones de habitantes, de los cuales puede estimarse que 11.2 millones, el 10.5%, se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 36 millones (33.7%) sufren pobreza multidimensional y 35.2 millones (33%) son personas vulnerables por algunas carencias sociales, como el no tener acceso a la seguridad social, condición que afecta al 64.9% de la población nacional, no tener acceso a servicios de salud (40.7%) o por padecer insuficiencia alimentaria (21.6% del total de los mexicanos).

De la década de los años treinta a los ochenta, la pobreza había logrado reducirse del 80 al 40%. Con el neoliberalismo, la población en condiciones de pobreza ha vuelto a los niveles de los años treinta, debiendo agregarse que en lo que va de esta administración, el número de pobres en el país se ha incrementado en 6.8 millones.