Vivimos tiempos de cambio.
Estamos cerca ya de la elección
en la que se renovarán
los poderes Ejecutivo y Legislativo
de la nación. La gran
mayoría de los mexicanos
atraviesan desde hace un cuarto
de siglo por una situación
de estrechez extrema. Se vive
una crisis institucional. La
transición a una democracia
plena, igualitaria y de efectiva
participación social,
emite señales débiles
y disparejas. Hay descontento,
incertidumbre, escepticismo
y desánimo en la ciudadanía,
que no se siente representada
por nadie.
Las campañas electorales
para renovar el Ejecutivo y
el Legislativo federales están
desplegándose por todo
el país. Se nos convoca
reiteradamente al voto para
el próximo 2 de julio,
sin embargo por ningún
lado se ven las propuestas de
los candidatos y los partidos,
no se conocen, en consecuencia,
sus compromisos con la gente
y con la nación, y lo
que principalmente encuentra
el ciudadano son las descalificaciones
que se hacen unos a otros, frivolidades
y, en el mejor de los casos,
buenos deseos, pues nadie nos
dice con qué medios se
alcanzarán los objetivos
con los que se nos trata de
atraer.
Hoy no se discuten programas,
se menosprecian las ideologías,
se pasa de un partido a otro
sin deslindes ni explicaciones
de conductas y agravios del
pasado, los principios no constituyen
compromiso ni parece sean para
observase, priva el oportunismo
y la única lealtad momentánea
es al posible cargo, a la posible
ubre.
Es necesario insistir en que
hay que pensar y discutir el
país que queremos, por
encima de todo y antes que nada.
Hay que cambiar radicalmente
la forma de hacer política
y subordinarla a un proyecto
de país, no a la simple
ambición de poder o a
la toma coyuntural de decisiones.
Debe tenerse presente que
ningún sector de la población
podrá alcanzar su realización
particular si no lo hace como
parte de una amplia pluralidad
e impulsando, al tiempo que
las propias, las aspiraciones
de la colectividad.
Será importante después
del 2 de julio, cualesquiera
que sean los resultados de la
elección, lograr el compromiso
de los principales actores políticos
del país en torno a cómo
incentivar y acelerar la transición
a un proceso de mejoramiento
sostenido para México
y los mexicanos, que debe darse
en el replanteamiento del pacto
federal, el consecuente surgimiento
de una norma constitucional
y una reforma de las instituciones
del Estado que respondan a las
exigencias del siglo XXI, la
democratización y transparencia
de las prácticas políticas,
en sentar bases sólidas
para garantizar un crecimiento
económico que se mantenga
en el largo plazo y en el mejoramiento
constante de las condiciones
de vida de la población.
Quisiéramos que de
las propuestas de gobierno en
juego en esta próxima
elección pudiera vislumbrarse
–no se ve por ninguna
parte- la garantía de
la vigencia efectiva de un Estado
de derecho, prácticas
democráticas en la vida
pública, respeto a las
diferencias, el esfuerzo por
una inserción con equidad
de México en el mundo
globalizado, así como
progreso económico y
mejoramiento social para el
conjunto de la población.
* * *
Entre las cuestiones fundamentales
que hoy no se están discutiendo
en el ir y venir de las campañas,
están las siguientes:
La continuidad de la reforma
electoral, que a pesar de los
muchos cambios a la legislación
correspondiente, se ha quedado
inconclusa. La gente reclama
reducir y transparentar los
gastos de las campañas;
reclama se llame a las cosas
por su nombre, empezando porque
las supuestas precampañas
se reconozcan como campañas
en la ley y en los cómputos
de gastos y tiempos electorales;
reclama abrir la posibilidad
de candidaturas ciudadanas que
no tengan que pasar necesariamente
por la aprobación y gestión
de los partidos políticos;
facilitar el registro de nuevos
partidos políticos, sin
que el registro represente acceso
automático a la asignación
de dineros públicos;
restituir en la ley la figura
de las candidaturas comunes;
reunir en no más de dos
momentos dentro de un sexenio,
los procesos electorales federales,
estatales y municipales.
En materia de reforma electoral,
la medida más efectiva,
aquella donde se encuentra una
primera respuesta a las exigencias
populares, esto es, la reforma
más de fondo, se encuentra
en hacer equitativos los tiempos,
durante los procesos electorales,
en los que partidos y candidatos
tengan acceso a los medios electrónicos
de comunicación, así
como en acotar los tiempos en
los que pueda hacerse propaganda
dirigida al público.
Para ello debe establecerse
en la ley que las duraciones
de las campañas oficiales
no rebasen, por ejemplo, los
noventa días en el caso
de una campaña presidencial,
y que tal como sucede en los
países con democracias
más avanzadas que la
nuestra, se prohiba a partidos
y candidatos comprar tiempos
en los medios electrónicos
–televisión y radio
comerciales- y que éstos
sean asignados por la autoridad
electoral de manera equitativa,
para que no sea el gasto mayor
o menor en la compra de tiempos
lo que determine la mayor o
menor presencia de las alternativas
electorales que se ofrezcan
a la ciudadanía al través
de esos medios. Así se
tendrían campañas
equitativas y se lograría
una reducción substancial
de los tiempos y las erogaciones
públicas –y en
su caso privadas- en las campañas
electorales.
* * *
Por otro lado y también
en relación con la cuestión
electoral, debe legislarse para
prohibir que en las informaciones
que dan las dependencias oficiales
al través de los medios
de comunicación a la
opinión pública
–televisión, radio,
prensa escrita- aparezcan imágenes
y nombres de funcionarios, que
si bien pudieron haber participado
en la promoción o ejecución
de algún programa o proyecto
público, no hicieron
sino cumplir con su obligación
y en su caso, con un mandato
ciudadano, pues fue en las precampañas
irritante y ofensivo ver cómo
candidatos o precandidatos de
los tres partidos de mayor presencia
nacional, despilfarraron a lo
largo del sexenio y hasta que
dejaron sus cargos, dineros
públicos para su personal
promoción político-electoral.
* * *
Reformar la recientemente aprobada
Ley de radio y televisión,
recuperando para el Ejecutivo
la capacidad de normar la operación
de los medios de información
electrónicos con sentido
de servicio público y
de equidad, abriendo las posibilidades,
a partir de los avances tecnológicos
en la materia, de otorgar nuevas
concesiones a instituciones
de educación superior,
gobiernos estatales y municipales,
organizaciones culturales y
comunitarias y sociedades comerciales
sin vínculos con los
medios ya en operación.
* * *
Convocar a la revisión,
con sentido y procedimientos
democráticos, de las
bases y los términos
de nuestro pacto federal. De
esa revisión surgirá
la nueva Constitución
que contenga la estructura y
competencias de la Federación,
los estados, los municipios
y de los tres poderes de la
Unión, que considere
los derechos ya ganados por
los mexicanos, sus nuevos derechos
y los procedimientos para que
el ciudadano o las colectividades
hagan exigible su ejercicio
frente al Estado, que esté
concebida visualizando la presencia
de nuestro país en el
mundo globalizado, que establezca
los cauces para el tránsito
de una democracia representativa
plena, aun por alcanzarse, a
una democracia de amplia participación
social, así como los
mecanismos de consulta ciudadana,
iniciativa popular y de revocación
de los mandatos, entre otras
cuestiones.
* * *
Del debate constitucional deberá
surgir un Poder Ejecutivo más
eficiente en el cumplimiento
de sus funciones, mejor coordinado
con los otros poderes y más
democrático en sus mecanismos
de toma de decisiones, como
pudiera ser un régimen
presidencial en el que se mantenga
el Presidente de la República
como Jefe del Estado y se cuente
además con un Jefe de
Gobierno, designado con la aprobación
del Congreso, responsable ante
este cuerpo, al que debiera
dotarse de facultades para removerlo,
al igual que a los secretarios
de Estado, responsable además,
de coordinar al gabinete y de
llevar las relaciones entre
el Ejecutivo y el Legislativo,
que con este nuevo régimen
estarían en los hechos
gobernando con una coordinación
realmente eficaz.
* * *
Un tema que ha sido recurrente
en la discusión política
desde hace tiempo, es el de
la reelección, que en
su momento tendría que
discutirse a fondo, al replantearse
el pacto federal y llevarse
a cabo el debate constitucional.
Existe ya consenso relativamente
amplio en distintas corrientes
del pensamiento político
respecto a la conveniencia de
abrir las posibilidades de reelección
tanto de legisladores como de
autoridades municipales –y,
en el caso de éstas,
inclusive de considerar las
posibilidades de ampliar su
mandato-.
No pueden sin embargo desestimarse
los temores de algunos sectores
de que se produjera una grave
regresión política
de llegarse a un régimen
de reelección absoluta,
ni olvidarse de nuestras experiencias
históricas. Considerando
además, que si bien la
reforma que permita la reelección
puede ser de gran importancia
para elevar la calidad de la
vida legislativa y para dar
continuidad y eficiencia a la
gestión municipal, habría
que precaverse respecto a posibles
pretensiones para extender esos
mecanismos y posibilidades al
Ejecutivo federal y a los Ejecutivos
estatales en una democracia
aun en consolidación
como es la nuestra, por lo que
independientemente de que durante
la próxima administración
se presenten al Congreso iniciativas
de reformas para permitir la
reelección de legisladores
y de autoridades municipales,
sería deseable un compromiso
público y explícito
de todos los candidatos presidenciales
y a legisladores que tomen parte
en el proceso que lleva a las
elecciones del próximo
2 de julio, así como
de todos los partidos políticos,
de que en el curso del próximo
sexenio no enviarán al
Congreso ninguna iniciativa
que pudiera abrir la posibilidad
de reelección o de ampliación
del mandato presidencial y en
su caso, votarán en contra
o vetarán cualquier proyecto
que se presentara en ese mismo
sentido.
* * *
Adoptar una nueva política
económica que tenga entre
sus objetivos principales generar
un proceso de crecimiento económico
de largo aliento y que de manera
prioritaria estimule la creación
de empleos formales.
Una política económica
con esos objetivos centrales
exige de mayores recursos para
invertir en el desarrollo, por
lo que parte esencial de la
misma lo constituye una reforma
hacendaria equitativa, eficaz,
simple en sus mecanismos, que
se sustente de manera importante
en elevar los montos recaudados
por el cobro eficiente del impuesto
sobre la renta de personas físicas
y en el combate a su evasión
–con un potencial de incremento
de la recaudación de
600 mil millones de pesos-;
en suprimir regímenes
preferenciales, exenciones y
deducciones ahora permitidos
-528 mil millones de pesos-;
incorporar al padrón
de contribuyentes a quienes
se desempeñan en la informalidad,
otorgándoles contraprestaciones
en el campo de la seguridad
social; establecer un IVA diferenciado:
que mantenga las tasas cero
para el consumo de alimentos,
medicinas, publicaciones, agua
potable para usos domésticos,
que preserve la exención
para servicios médicos,
educativos, de transporte público
terrestre y de vivienda, reduzca
al 10% este impuesto para servicio
telefónico público,
vestido, calzado, electricidad
para uso doméstico y
otros artículos para
el hogar, que lo aumente al
20% para los consumos de bebidas
alcohólicas, tabaco y
otros artículos de carácter
suntuario -10 mil millones de
pesos-; en simplificar en lo
general el sistema de pago de
impuestos; y en garantizar el
respeto absoluto a la autonomía
del Banco de México,
encomendándole además
del control de la inflación,
tomar medidas para el fomento
del crecimiento económico
y del empleo.
* * *
La educación es factor
fundamental para alcanzar la
igualdad social y es, al mismo
tiempo, elemento decisivo del
crecimiento económico.
La educación debe tener
prioridad en las políticas
públicas de nuestro futuro,
inmediato y mediato. La educación,
como respuesta de responsabilidad
social del Estado a la población,
debe ser accesible a todos en
todos los grados, laica y gratuita.
Es, en consecuencia, indispensable
garantizar cobertura universal
y cumplimiento de cursar los
ciclos obligatorios de primaria
y secundaria, elevar de manera
sostenida la calidad de la educación
en todos los niveles y crear
y desarrollar los mecanismos
que compensen las carencias
sociales y garanticen acceso
y permanencia a los estudiantes
en todos los grados, a condición
de satisfacer los requerimientos
académicos.
La prioridad que se de a la
educación debe reflejarse
en el incremento de los presupuestos
asignados al sector, en los
apoyos y expansión de
la educación superior
y la investigación, en
mejores instalaciones y equipamiento
y en el mejoramiento material
y en la preparación del
magisterio.
* * *
Hacer compatible la apertura
económica con la equidad,
reubicando lo social dentro
del espacio público al
mismo tiempo que se fortalecen
la democracia y sus instituciones.
Esta visión, que hace
unos años parecía
impensable, hoy es más
necesaria que nunca porque los
esquemas de integración
y apertura indiscriminada hasta
ahora vigentes, sólo
han dejado más pobreza
y desigualdad en el mundo y
en nuestro país.
Por eso, la mejor y la única
manera de erradicar la pobreza
y promover la equidad es alentando
un desarrollo que incluya una
mejor distribución del
ingreso, empleo estable, formal
y de calidad y un sistema tributario
solidario, equitativo y adecuado
a las necesidades del país.
La exclusión sigue siendo
el signo de nuestros tiempos.
La discriminación de
quienes son diferentes por su
género, edad, color de
piel o preferencia sexual constituye
una realidad cotidiana. Esas
disparidades sociales son resultado
del acceso desigual a los recursos,
de la puesta en marcha solamente
de políticas asistencialistas
y focalizadas, y de la exclusión
de las mayorías de la
toma de decisiones. Los apoyos
gubernamentales han sido vistos
desde los medios oficiales como
prebendas y, en muchos casos,
se prestan al control y manejo
corporativo desde el momento
mismo en que existe una selección
y se tiene que comprobar que
se cumplen determinados requisitos
para acceder a ellos. Una estrategia
realmente democrática
de desarrollo social significa
poner en práctica un
enfoque totalmente diferente
y garantizar el ejercicio pleno
de los derechos sociales y sobre
todo la vigencia de su carácter
universal.
No basta, por lo tanto, con
supuestamente invertir en capital
humano como se hace hasta ahora
con programas como el denominado
Oportunidades. Es necesario
generar un modelo productivo,
con seguridad social y redes
de protección comunitarias,
en las que todos se sientan
y estén efectivamente
incluidos, por la sencilla razón
de que tienen acceso al ejercicio
irrestricto de todos sus derechos.
Es necesario poner en marcha
un programa nacional de inclusión
social, que considere como prioridades
relativas a la dimensión
social del desarrollo, la ampliación
del nivel de empleo, para proporcionar
ocupación a los que ingresan
a los mercados de trabajo, reducir
el desempleo y combatir la precariedad
del empleo; la mejoría
del perfil de distribución
del ingreso, sobre todo por
medio del aumento del salario
mínimo y de una tributación
no regresiva; la creciente universalización
de la morada propia, de los
servicios urbanos esenciales
(agua, saneamiento y transporte
público) y de los derechos
sociales básicos (salud,
educación, seguridad
social y protección del
empleo); el acceso a la cultura;
y, el combate a las causas del
hambre y de la pobreza extrema,
con asistencia social para los
excluidos.
Mientras persistan las prácticas
discriminatorias y los jóvenes,
las mujeres, los indígenas,
las personas con capacidades
diferentes y la comunidad gay
no puedan ejercer plenamente
sus derechos, sólo por
el hecho de ser diferentes,
no podrá hablarse de
equidad y democracia. Por lo
demás, la realidad demuestra
que la igualdad jurídica
no es suficiente. Una perspectiva
diferente parte de asumir que
para alcanzar la equidad es
necesario impulsar acciones
afirmativas que compensen las
desigualdades y, por otro lado,
dar poder a quienes han sido
excluidos de la toma de decisiones.
En esto hay que ser muy claros.
Un gobierno que no esté
comprometido plenamente con
el respeto a la diferencia,
simplemente no es democrático
y menos aun podría llamársele
progresista.
* * *
Instrumentar una política
que recupere las capacidades
productivas del campo, comprometiendo
inversiones en obras de infraestructura;
créditos de avío
y refaccionarios; que promueva
la integración de las
cadenas productivas, desde el
cultivo de la tierra hasta la
agroindustria, la comercialización,
etc.; fomente la organización
de los productores; dicte medidas
para hacerlos competitivos tanto
en los mercados internos como
de exportación; negocie
la supresión de subsidios
de los que ahora disfrutan los
productores y los productos
agropecuarios, forestales, pesqueros
y acuícolas de los socios
comerciales de nuestro país,
así como la revisión
de los acuerdos internacionales
suscritos por México
a fin de tornarlos equitativos,
entre otros, para los productores
rurales.
* * *
Desarrollar una política
energética que tenga
como prioridades la reducción
gradual de las exportaciones
de petróleo crudo y la
transformación industrial
del producto en el país,
el desarrollo de la industria
petroquímica, ampliar
la capacidad de refinación
y eliminar la importación
de combustibles, aumentar la
producción de gas natural,
dar autonomía presupuestal
y de gestión a los organismos
públicos del sector,
reestructurar administrativamente,
con sentido de integración
productiva, y adecuar el régimen
fiscal de Petróleos Mexicanos
hasta que corresponda al que
rige para las demás empresas
y actividades económicas,
considerar las condiciones regionales
y sociales en la fijación
de las tarifas eléctricas,
suprimir los subsidios que otorga
la Comisión Federal de
Electricidad y transferir su
otorgamiento, en caso de ser
procedentes, a las áreas
fiscales del Estado, diversificar
las fuentes de generación
de energía, reforzar
la vinculación de los
institutos de investigación
con los organismos y empresas
del sector energético,
restablecer la vigencia del
Estado de derecho en el sector
mediante, entre otras medidas
la cancelación de los
contratos de servicios múltiples,
y mantener el orden constitucional
que rige en él.
* * *
Formular y llevar a la práctica
un plan nacional de seguridad,
que considere con prioridad
las medidas para la prevención
del delito, los mecanismos para
la investigación y persecución
de los hechos delictivos, la
revisión y en su caso
reestructuración del
sistema de administración
de justicia y de las políticas
de readaptación y reinserción
social, en cuya elaboración
y ejecución se involucren
los tres poderes, tanto federales
como estatales, los gobiernos
federal, estatales y municipales,
los sistemas educativo y de
salud, los medios de información
–televisión, radio,
prensa escrita-, y la población
en su conjunto, al que se asignen
recursos presupuestales suficientes
y cuya supervisión se
encomiende a grupos representativos
e informados de la sociedad.
* * *
Pugnar por un orden internacional
equitativo y justo y por una
globalización incluyente,
para lo que resulta fundamental
impulsar la integración
económica de América
Latina y el Caribe y en lo inmediato,
la revisión de los tratados
comerciales suscritos por nuestro
país, de manera prioritaria
el de América del Norte,
y el replanteamiento sobre bases
justas y de equidad del proyecto
del Área de libre comercio
de las Américas –el
ALCA-.
Ante esta perspectiva, debe
plantearse no un acuerdo de
libre comercio entre los países
del continente, regido por una
hegemonía, tal como lo
promueve el gobierno norteamericano,
sino un acuerdo continental
de desarrollo y comercio, que
lleve entre sus objetivos prioritarios
reducir hasta borrar las asimetrías
económicas y sociales
existentes mediante, principalmente,
la generación de empleos
y el acceso a los conocimientos
de punta y a la educación
de calidad, así como
sentar las bases de un crecimiento
económico sostenido en
el largo plazo, que considere
además, la creación
y utilización de mecanismos
como los fondos de apoyo y compensación
que fluyan de los países
de mayor desarrollo relativo
hacia los menos desarrollados,
para modernizar y hacer eficientes
los procesos productivos y la
infraestructura de servicios,
acuerdos para el mejoramiento
del medio ambiente, para tener
condiciones dignas de trabajo,
equivalentes a las de los países
más desarrollados del
área, y el libre tránsito
de personas en el continente.
La principal relación
de México con el exterior
se da con los Estados Unidos
y dentro de esta relación,
el intercambio más importante
lo constituye el intercambio
humano, el millón de
personas que día con
día cruzan la frontera
entre los dos países.
La militarización de
la frontera del lado americano
–independientemente que
sea por la presencia de 6000
efectivos de la Guardia Nacional,
la Patrulla Fronteriza o el
ejército regular- constituye
un acto inamistoso del gobierno
norteamericano hacia México.
La migración irregular
de mexicanos a los Estados Unidos
es consecuencia de una economía
estancada, de la creciente polarización
social, la pérdida de
empleos y el crecimiento exponencial
de la desocupación, del
abandono de sus responsabilidades
sociales por parte del Estado
mexicano, y sólo tendrá
una solución definitiva
cuando se adopten medidas específicas
–muy diferentes de aquellas
consideradas para combatir el
terrorismo-, compartiendo responsabilidades
en planeación y ejecución
autoridades y sociedades de
ambos lados de la frontera.
En México hemos sido
muy sensibles a los abusos de
patrones y autoridades norteamericanas
que nulifican los derechos laborales
y humanos de trabajadores y
residentes mexicanos en el país
vecino. Para enfrentar esa situación
y erradicar los aspectos conflictivos
de la inmigración irregular,
el gobierno mexicano debe enérgicamente
demandar de las autoridades
norteamericanas respeto absoluto
y protección eficaz a
los derechos de los trabajadores
mexicanos, y desarrollar, en
colaboración estrecha
con la sociedad mexicana, acciones
amplias y vigorosas que conduzcan
al gobierno y a la sociedad
de los Estados Unidos a reconocer
la valiosa e indispensable contribución
que los trabajadores migrantes
dan para el progreso de aquella
nación.
El Estado y la sociedad mexicanos
tienen una deuda pendiente de
cumplir con los ocho, diez o
doce millones de mexicanos que
en los años del neoliberalismo
se han visto obligados a abandonar
nuestro país, corriendo
grandes riesgos y haciendo enormes
sacrificios, cruzar la frontera
y encontrar alguna oportunidad
para ganarse la vida con dignidad.
* * *
Estos son sólo algunos
puntos que como parte de un
programa de gobierno, necesariamente
más amplio y más
detallado, serían básicos
para garantizar tranquilidad
política, un efectivo
avance democrático, crecimiento
económico y mejoramiento
social en el plazo medio y largo. |
